La norma que seguían ciegamente los jueces de los tribunales del totalitarismo, era: “Cuando el soberano se equivoca en la aplicación de la ley, se considera que la ley ha sido cambiada”. Es la justicia del horror, de Calígula a Fidel. Y ahora a Chávez, según se desprende de la espeluznantes declaraciones de la abogada Luisa Estela Morales: "No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado", La presidente (no se dice “presidenta” ni “presidento”) del TSJ declara que: “El poder originario no se puede arrancar de las manos del pueblo porque sería desconocer la soberanía en sí. (…) La revisión de la Carta Magna sería propicia dado que existen en ellas algunos aspectos que se contradicen en lo que es el régimen".
O sea. En lenguaje llano, que el Derecho de Estado supedita el Estado de derecho, pues no es la Constitución la que se debe adaptar al régimen sino al contrario y esta aberrante doctrina, constituye un intento de cambiar de facto el orden republicano de la nación para instaurar un régimen comunista totalitario, lo que está tipificado como traición a la patria en el inciso 25º del artículo 464º del Código Orgánico Procesal de Justicia Militar, que, aunque especifica que sea por la violencia, no excluye la forma de violencia institucional configurada por la conspiración de los poderes constituidos contra la Constitución. Y este exabrupto jurídico fue inmediatamente apoyado por la medievalidad de Francisco Carrasquero, que deslizó esta imperecedera perla destartalada: “Con el nuevo constitucionalismo esa división de poderes debe verse como un sistema de poderes colaboracionistas entre todos, si no es así, es muy difícil que el Estado y la protección del Estado se incorpore al interés colectivo del pueblo, por qué, porque sería competencia autonómica, independiente, que no guardan una relación entre sí (sic). Aquí se le fue otra vez el yoyo a don Francisco, pues según el DRAE, “colaboracionista” es: “Persona que presta su colaboración a un régimen político que la mayoría de los ciudadanos considera antipatriótico”.
Pero además, esta opinión puede pasar para un lego del derecho, pero en boca de un magistrado es confesión ampulosa de ignorancia crasa, causal de destitución inmediata, pues el artículo 136 de la Constitución vigente, establece: “(…) Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Lo que, en comentario de Garay, traduce: “La existencia de varios poderes evita la concentración excesiva de poder en una sola persona o grupo. Ésta es al menos la teoría, porque en la práctica las diversas ramas del poder no son independientes entre sí sino relacionadas”.
Entonces, debemos inferir que Chávez lo que busca es legitimar el ejercicio del poder centralizado en su sola persona, para que sus deseos sean órdenes de inmediato, estricto e indiscutible cumplimiento –“métanmele 30 años a esa juez”. Y para eso cuenta con tinterillos prestos a enterrar sus “dignificancias” en pro del interés superior de quien ya le quitó lo de “supremo” al máximo tribunal al obligarlo a revisar sus sentencias. ¡Togados de la república: firrrrr!
Pero Chávez ya lo había dicho
Ya Chávez, ante de esta sumisión del Poder que confiere legitimidad a la democracia, había ordenado a la Asamblea Nacional – otra instancia de burócratas subordinados - eliminar toda ley que colide con la revolución, lo que incluye la abolición del sistema tribunalicio republicano autonómico, para imponer leguleyamente, el sistema que garantice lealtad al proceso por encima de la justicia, como ya amenazó rodear con tropas los tribunales para obligar a los jueces a actuar según los parámetros dictados por Miraflores y no por la ley o por la norma.
Y en Las Líneas de Chávez del domingo 13 de diciembre, escribe con la mayor soberbia antidemocrática: “El tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división —como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde— trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en Nuestra América”, demostrando que fue suya la idea y los ministrados del TSJ son obedientes voceros a hilos.
Y lo que sigue, luego de esta eliminación o subalternización de los poderes públicos a Chávez, es la ilegalización de toda organización política que no obedezca a los lineamientos ideológicos comunistas; la eliminación de los sindicatos y sus sustitución por aparatos de control obrero comunistas; el desconocimiento de la legitimidad del sistema representativo y pluralista; la eliminación de la libertad de expresión y de información por la autocensura y la compra hostil de medios de comunicación, para imponer su “hegemonía mediática” ya anunciada; la judicialización de la disidencia y la criminalización de la protesta social; la destrucción del orden republicano y la militarización absoluta de la vida nacional. Y todo ante la mirada obsecuente de los aduladólares de las instituciones internacionales llamadas a velar por el orden democrático de América Latina, siempre que el país se llame Honduras.
La re-re-fundación de la República
Para contribuir con la aceleración de esta perversa destrucción de la república para imponer el comunismo, otro prócer, Earle Herrera, un neo-liberticida, desempolva la idea de refundar la república, misma que fue supuestamente refundada por la Constitución de 1999 que ahora no está a la altura de las elevadas ansias de poder absolutista, por lo tanto hay que re-reformar la Constitución – por ahora - para ajustarla a las pretensiones del “Yo, El Supremo” de estos días, aunque es mejor eliminarla e irla re-redactando en emocionantes capítulos semanales, de acuerdo al giro del cuello de su lumínica magnificencia, traducido a artículos por la cáfila de mujiquitas - pero con mucho real - prestos a disolver 200 años de vida republicana en las aguas del Guaire, como el fulano Aristóbulo Istúriz, que confiesa en la Asamblea Nacional que “entre los grandes retos que tiene por delante el proceso revolucionario está el de desmontar la actual estructura estatal y los modos de producción capitalista, para sustituirlos por el estado comunal”, es decir que por instrucciones de Chávez ha sido vocero, este infeliz adeco converso, de la eliminación de facto del “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” consagrado en el artículo 2º de la Constitución para sustituirlo por el “estado soviético” que es la traducción política de “comunal”.
Y como guinda de la plasta (Chávez dixit), Carlos Escarrá – quien desnuda su pérdida total de la vergüenza al confesar que ellos legislan al son cubano de Chávez – manipula al afirmar que “en la Constitución se menciona “el Poder Público”, es decir “un solo poder”. Por su parte Cilia Flores delira: “A sus 10 años, el proceso constituyente no ha culminado y todavía avanza hacia la consolidación de la V República, que está contenida en la actual Carta Magna”. Yo, que sí reviso a diario esa Constitución, que, por cierto es retrógrada y la peor de las pocas que han surgido de los procesos democráticos, no encuentro en ninguna parte el articulado que respalde ninguna de estas aseveraciones y por lo tanto estamos en presencia de una vulgar y maloliente traición al orden republicano de la nación.
La justificación: El Poder Popular
Todos estos lineamientos supuestamente obedecen al imperio del Poder Popular, pero mienten todos y a conciencia, pues saben que una de las aspiraciones de Chávez - que es comunista y lo acaba de admitir: “Yo me declaro marxista, soy marxista” - en la derrotada reforma constitucional del 2D era precisamente el endoso de la “soberanía popular” a su persona, el pueblo ejercería su soberanía a través de su capacidad de intuir lo que éste quiere y necesita para su felicidad perpetua.
Y de eso se trata toda esta tramoya circense para consumo de focas idiotas. El Poder Popular es una farsa - no existe en la Constitución , y es un acto de traición institucional hasta el mencionarlo – creada por Fidel Castro, fascinado por esta posibilidad de instaurar una dictadura comunista en un país petrolero, con un gobernante tallado a su obediencia y postración, mediante el forzamiento de las normas democráticas para subordinarlas a los intereses totalitarios de una pandilla de asaltantes de repúblicas, pivotado en la atroz invasión silenciosa de cien mil milicianos cubanos dispuestos a arrebatarles su patria a los venezolanos.
Y, mientras, los líderes de la oposición doblando sus espaldas para llenar planillas de empleo para la Asamblea Nacional, obvian el interés nacional de convocar con la urgencia del caso, un referendo revocatorio presidencial – que apuesto tendría apoyo militar y popular - para defenestrar esta amenaza vil contra la república. La patria clama por sus patriotas.
Rafael Marrón González
O sea. En lenguaje llano, que el Derecho de Estado supedita el Estado de derecho, pues no es la Constitución la que se debe adaptar al régimen sino al contrario y esta aberrante doctrina, constituye un intento de cambiar de facto el orden republicano de la nación para instaurar un régimen comunista totalitario, lo que está tipificado como traición a la patria en el inciso 25º del artículo 464º del Código Orgánico Procesal de Justicia Militar, que, aunque especifica que sea por la violencia, no excluye la forma de violencia institucional configurada por la conspiración de los poderes constituidos contra la Constitución. Y este exabrupto jurídico fue inmediatamente apoyado por la medievalidad de Francisco Carrasquero, que deslizó esta imperecedera perla destartalada: “Con el nuevo constitucionalismo esa división de poderes debe verse como un sistema de poderes colaboracionistas entre todos, si no es así, es muy difícil que el Estado y la protección del Estado se incorpore al interés colectivo del pueblo, por qué, porque sería competencia autonómica, independiente, que no guardan una relación entre sí (sic). Aquí se le fue otra vez el yoyo a don Francisco, pues según el DRAE, “colaboracionista” es: “Persona que presta su colaboración a un régimen político que la mayoría de los ciudadanos considera antipatriótico”.
Pero además, esta opinión puede pasar para un lego del derecho, pero en boca de un magistrado es confesión ampulosa de ignorancia crasa, causal de destitución inmediata, pues el artículo 136 de la Constitución vigente, establece: “(…) Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Lo que, en comentario de Garay, traduce: “La existencia de varios poderes evita la concentración excesiva de poder en una sola persona o grupo. Ésta es al menos la teoría, porque en la práctica las diversas ramas del poder no son independientes entre sí sino relacionadas”.
Entonces, debemos inferir que Chávez lo que busca es legitimar el ejercicio del poder centralizado en su sola persona, para que sus deseos sean órdenes de inmediato, estricto e indiscutible cumplimiento –“métanmele 30 años a esa juez”. Y para eso cuenta con tinterillos prestos a enterrar sus “dignificancias” en pro del interés superior de quien ya le quitó lo de “supremo” al máximo tribunal al obligarlo a revisar sus sentencias. ¡Togados de la república: firrrrr!
Pero Chávez ya lo había dicho
Ya Chávez, ante de esta sumisión del Poder que confiere legitimidad a la democracia, había ordenado a la Asamblea Nacional – otra instancia de burócratas subordinados - eliminar toda ley que colide con la revolución, lo que incluye la abolición del sistema tribunalicio republicano autonómico, para imponer leguleyamente, el sistema que garantice lealtad al proceso por encima de la justicia, como ya amenazó rodear con tropas los tribunales para obligar a los jueces a actuar según los parámetros dictados por Miraflores y no por la ley o por la norma.
Y en Las Líneas de Chávez del domingo 13 de diciembre, escribe con la mayor soberbia antidemocrática: “El tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división —como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde— trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en Nuestra América”, demostrando que fue suya la idea y los ministrados del TSJ son obedientes voceros a hilos.
Y lo que sigue, luego de esta eliminación o subalternización de los poderes públicos a Chávez, es la ilegalización de toda organización política que no obedezca a los lineamientos ideológicos comunistas; la eliminación de los sindicatos y sus sustitución por aparatos de control obrero comunistas; el desconocimiento de la legitimidad del sistema representativo y pluralista; la eliminación de la libertad de expresión y de información por la autocensura y la compra hostil de medios de comunicación, para imponer su “hegemonía mediática” ya anunciada; la judicialización de la disidencia y la criminalización de la protesta social; la destrucción del orden republicano y la militarización absoluta de la vida nacional. Y todo ante la mirada obsecuente de los aduladólares de las instituciones internacionales llamadas a velar por el orden democrático de América Latina, siempre que el país se llame Honduras.
La re-re-fundación de la República
Para contribuir con la aceleración de esta perversa destrucción de la república para imponer el comunismo, otro prócer, Earle Herrera, un neo-liberticida, desempolva la idea de refundar la república, misma que fue supuestamente refundada por la Constitución de 1999 que ahora no está a la altura de las elevadas ansias de poder absolutista, por lo tanto hay que re-reformar la Constitución – por ahora - para ajustarla a las pretensiones del “Yo, El Supremo” de estos días, aunque es mejor eliminarla e irla re-redactando en emocionantes capítulos semanales, de acuerdo al giro del cuello de su lumínica magnificencia, traducido a artículos por la cáfila de mujiquitas - pero con mucho real - prestos a disolver 200 años de vida republicana en las aguas del Guaire, como el fulano Aristóbulo Istúriz, que confiesa en la Asamblea Nacional que “entre los grandes retos que tiene por delante el proceso revolucionario está el de desmontar la actual estructura estatal y los modos de producción capitalista, para sustituirlos por el estado comunal”, es decir que por instrucciones de Chávez ha sido vocero, este infeliz adeco converso, de la eliminación de facto del “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” consagrado en el artículo 2º de la Constitución para sustituirlo por el “estado soviético” que es la traducción política de “comunal”.
Y como guinda de la plasta (Chávez dixit), Carlos Escarrá – quien desnuda su pérdida total de la vergüenza al confesar que ellos legislan al son cubano de Chávez – manipula al afirmar que “en la Constitución se menciona “el Poder Público”, es decir “un solo poder”. Por su parte Cilia Flores delira: “A sus 10 años, el proceso constituyente no ha culminado y todavía avanza hacia la consolidación de la V República, que está contenida en la actual Carta Magna”. Yo, que sí reviso a diario esa Constitución, que, por cierto es retrógrada y la peor de las pocas que han surgido de los procesos democráticos, no encuentro en ninguna parte el articulado que respalde ninguna de estas aseveraciones y por lo tanto estamos en presencia de una vulgar y maloliente traición al orden republicano de la nación.
La justificación: El Poder Popular
Todos estos lineamientos supuestamente obedecen al imperio del Poder Popular, pero mienten todos y a conciencia, pues saben que una de las aspiraciones de Chávez - que es comunista y lo acaba de admitir: “Yo me declaro marxista, soy marxista” - en la derrotada reforma constitucional del 2D era precisamente el endoso de la “soberanía popular” a su persona, el pueblo ejercería su soberanía a través de su capacidad de intuir lo que éste quiere y necesita para su felicidad perpetua.
Y de eso se trata toda esta tramoya circense para consumo de focas idiotas. El Poder Popular es una farsa - no existe en la Constitución , y es un acto de traición institucional hasta el mencionarlo – creada por Fidel Castro, fascinado por esta posibilidad de instaurar una dictadura comunista en un país petrolero, con un gobernante tallado a su obediencia y postración, mediante el forzamiento de las normas democráticas para subordinarlas a los intereses totalitarios de una pandilla de asaltantes de repúblicas, pivotado en la atroz invasión silenciosa de cien mil milicianos cubanos dispuestos a arrebatarles su patria a los venezolanos.
Y, mientras, los líderes de la oposición doblando sus espaldas para llenar planillas de empleo para la Asamblea Nacional, obvian el interés nacional de convocar con la urgencia del caso, un referendo revocatorio presidencial – que apuesto tendría apoyo militar y popular - para defenestrar esta amenaza vil contra la república. La patria clama por sus patriotas.
Rafael Marrón González
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