Cuando denuncio al ladrón y al canalla sólo al canalla y al ladrón señalo

Cuando llamo ladrón al ladrón y canalla al canalla, sólo al ladrón y al canalla aludo. Ladrones y canallas suelen cobijarse bajo la pudibundez moral, la insulsa descalificación y las leyes dictadas ex profeso para acallar la voz tronante que los desnuda como canallas y ladrones. Nada me produce más satisfacción que contemplar los cadáveres insepultos de ladrones y canallas, aullando sus pútridas carnes las huellas de mi látigo, deambular ululantes en los muladares buscando un rincón para cavar sus tumbas con la sordidez de su moral deshilachada. ¡Silencio ladrones y canallas que, aunque los tiempos parecen favorecer a canallas y ladrones, este espacio es un reducto de la decencia y de la integridad!

20 de septiembre de 2011

EL PORQUÉ DE UNA CONSTITUYENTE

A pesar de la calma chicha que se respira en el ambiente político nacional, aunque aderezado con las intemperancias malandréricas, seguidas de desmayos y pérdidas de las facultades vocales, del primer y más costoso enfermo nacional, candidato mediático del chavismo – para ocultar sondas y bombonas de oxigeno - y las salidas de tono de su nómina mayor de adulantes de todo rango y pelambre, que evidencian su inmensa preocupación.

La realidad soterrada nos muestra una delicada situación política que trasciende lo anecdótico de un presidente moribundo y una corte de corruptos asustados, tal el cruce de ambiciones personales, intereses económicos - derivados del ejercicio inescrupuloso del poder impune - y sudores fríos ante la certera amenazada de los halcones del Pentágono sobre la ruta no precisamente de la empanada, que ha desatado una desesperación que puede llevar a dar una patada a la mesa electoral y pacífica y sumergir al país en el espanto de una crisis que puede fácilmente desembocar en una guerra civil, provocada por la acción incontrolada de fanáticos debidamente estimulados por la infinita corrupción que permea todos los estratos del gobierno confundido con el Estado, dentro de la más infame perversión que se haya escenificado en el ambiento político latinoamericano.

Por ello es sumamente necesaria la lucidez y coherencia del universo opositor oficial, que debe asumir desde ya – nunca es tarde - una posición patriótica, tomando las calles de Venezuela, tal el tamaño del compromiso moral del momento, despojada de todo interés personal - la patria primero - provista de un discurso literal, sincero y eficaz, alertista y digerible, que denuncie cada respiro antidemocrático del gobierno, y que puerta por puerta lleve un mensaje claro y conciso que devuelva a los venezolanos la fe en la democracia y sus instituciones.

Así como fue capaz la Mesa de la Unidad Democrática, por encima de los intereses legítimos de los partidos políticos, de parir una tarjeta “sale pa´llá” (unitaria) que convoca el voto de esos 4 de cada 10 ciudadanos no alineados que desconfían de tirios y troyanos, es necesaria una estrategia cívica – la del chavismo es militarista y miliciana – que informe debidamente cual será el proceso que seguirá el nuevo gobierno para desmontar la urdimbre totalitaria que empobrece al pueblo y confisca sus derechos y libertades.

Por eso, creo que se debe comenzar a pensar en un Congreso Constituyente que, disolviendo los poderes constituidos - que han traicionado su compromiso constitucional para poner las instituciones democráticas a su cargo al servicio de un proyecto político antinacional - produzca una Carta Magna digna de la nueva era que comenzará con la derrota del último exponente de las perversiones que derivaron este interregno fatídico que, si no es por la férrea oposición de un importante sector de la población, da al traste con la república, convirtiéndola en un proveedor financiero del comunismo internacional, como era – y sigue sendo - el proyecto del sortario Fidel Castro, que ya en el ocaso de su vida y derrotada por Rómulo Betancourt su revolución criminal, cuando estaba prácticamente claudicando por hambre ante el imperio, le cayó del cielo del que abomina, este imberbe cerebral alucinado por la leyenda.

Principios fundamentales

Ese Congreso Constituyente debe estar integrado por constitucionalistas, capaces de sancionar el articulado sin vacíos de interpretación ni conceptuales, como los que afectan en demasía la vigente Constitución – como el artículo 1 que fundamenta la República “en la doctrina de Simón Bolívar”, ¿cual doctrina? La de la Guerra a Muerte o la del constituyente dictador de Bolivia o la del que ahorcó a Vinoni sin fórmula de juicio? Esa Asamblea Constituyente folclórica osó crear una Sala Constitucional en el TSJ dotada de facultad de “interprete” (deslizada en el art. 335) cuyas “interpretaciones” – que “casualmente” han sido siempre a favor del régimen- con atribuciones supraconstitucionales, que chocan con el capítulo referente a las normas para la enmienda y la reforma.

Sibilinamente, el TSJ, garante de la integridad de la Constitución (art.335), permitió que se corrigiera el texto constitucional votado por el pueblo, con la anuencia de la ignorancia política, supuestamente de oposición, que incluyó una simple coma en el inciso 3 del artículo 266, con relación a declarar si hay méritos para el enjuiciamiento de “oficiales generales” – así rezaba el texto original – pero que esa coma convirtió en “oficiales, generales…”, con lo que quedó establecido constitucionalmente el carácter militarista de la Carta Magna, pues para enjuiciar a un oficial de cualquier jerarquía – por subalterna que sea – es necesario un antejuicio de mérito. Son serpientes entre los arbustos prestas a saltar en el momento preciso. Y son muchas.

Una más

Además de dedicar especial atención a todo lo concerniente al Tribunal Supremo de Justicia – sin justicia no hay libertad ni viceversa – analizando la posibilidad de la magistratura vitalicia – mérito académico, moral y ético mediante - y eliminar la adjetivación al nombre de Venezuela, y acabar con las alegres habilitaciones presidenciales, es necesario blindar todo lo concerniente a la propiedad privada con la inserción de causal “especialísima” para su afectación, eliminando del artículo garante todo posibilidad de confusión entre “utilidad pública” y “utilidad del gobierno”, que es otro ardid oculto en la ilegítima vigente. El camino para retomar el orden republicano pasa necesariamente por un Congreso Constituyente. No basta rezar.

Rafael Marrón González
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12 de septiembre de 2011

DESPUÉS DE CHÁVEZ; ¡CONSTITUYENTE!

La única posibilidad que tiene un presidente democrático surgido de las urnas electorales de 2012, de iniciar un gobierno sistémico, basado en instituciones fuertes, que pueda desmotar la inmensa urdimbre de intereses creados, asqueroso nepotismo y fanatismos místicos, para llevar su período constitucional a feliz puerto – superando la inmensa ruina económica y productiva - es convocando un Congreso Constituyente que, a la vez que disuelva los poderes constituidos, dote a la Constitución de un articulado esencial que la blinde contra caprichos reeleccionistas - ¡No a la reelección! - y antirrepublicanos, y la despioje de las trampas que han hecho posible la megalomanía de Chávez, debidamente camufladas tras las bambalinas del articulado sobre los derechos humanos, que estaban protegidos también en la Constitución de 1961.

Este Congreso Constituyente no debe tener carácter de “refundador de la República”, puesto que ella fue fundada de una manera heroica e histórica con el Acta de la Independencia surgida del Congreso de 1811, primera fe de vida de una nación libre en América Latina, y que en puridad jurídica fue su primera Constitución y de ella derivan todas las demás.

Luego del desencadenamiento de los sucesos producidos por la codicia desatada por el golpismo electoralmente triunfante, la Corte Suprema de aquella hora infeliz de la patria no tuvo el coraje de defender ese principio constitutivo, y prefirió dejarse arrastrar por los acontecimientos, tal cual los cobardes de la burocracia de la IV, que se pasaron al enemigo con fortunas y malasmañas sin disparar un quejido por la democracia que los cobijó en su seno alcahueta y les permitió batir el barrial donde hoy se empantana la nación.

Tampoco debe tener la prisa conveniente de la pasada Asamblea que, para complacer el vedetismo político del momento, redactó una Carta sietemesina, llena de imprecisiones, vaguedades y vacíos – con una serie de disposiciones “transitorias” que jamás fueron cumplidas - que abrieron la posibilidad a la interpretación interesada del poder ejecutivo que colocó bajo su férula revolucionaria la Sala Constitucional que asumió la facultad de reformarla, en contra de sus propias normas, como fue el caso del artículo 73 del referendo.

Es imperativo que la nueva Ley Suprema de la República elimine el fuero de los militares para deliberar y para ejercer cargos de la función pública reservados a los civiles – “los militares no tienen que meterse sino en el ministerio de sus armas y guarecer las fronteras” - así como su obligación de “asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes”. Y, por encima de todo, y como materia de supervivencia del orden republicano, eliminar la facultad que confiere al presidente de la república el poder omnímodo de ascender oficiales superiores, con lo que se colocó al ejército en sus manos y confirió jerarquía militar activa al ejercicio civil de Comandante en Jefe, que sabiamente colocaba al estamento militar bajo las directrices del poder civil – no existe tal poder militar, los poderes públicos están señalados en la Constitución.

Por ello la figura de la bicameralidad debe restituirse, con un Senado que, entre otras atribuciones de carácter orgánico, defienda las regiones y sea responsable de los ascensos militares desde coroneles y capitanes de navío, además de autorizar los tratados internacionales, por lo que el Procurador debe ser designado por esta Cámara, para descartar aberraciones como esta, de Carlos Escarrá: “Para ser Procurador se debe ser leal al presidente y yo los soy”.

No más “Bolivariana”

Una de las atrocidades políticas cometidas por esta disolución de nuestro orden republicano, que debe ser corregida, fue la adjetivación del nombre de Venezuela con el apelativo matrimonial de “Bolivariana”, que para muchos ignaros de la historia era un homenaje al pensamiento del Libertador y así lo recoge la exposición de motivos.

Sin embargo, ese fue el comienzo de la legitimación de las decisiones antidemocráticas de Chávez, porque el Bolívar político del paradigma chavista no es el del Discurso de Angostura, como hipócritamente se hace creer, sino el del Congreso de Bolivia que preconizaba: Centralismo (“la descentralización es un concepto imperialista”), presidencialismo (“Chávez es un sol…”, Carlos Escarrá), poder ejecutivo fuerte (“la división de poderes debilita al Estado”, Luisa Estela Morales), la presidencia vitalicia con derecho a elegir sucesor (después del cáncer, Adán Chávez presidente), la vicepresidencia hereditaria y elecciones limitadas, todo sustentado con un poderoso partido militar (“El partido militar ...apoderándose del mando en todas partes, hacia gemir al ciudadano por un absoluto olvido de las garantías y derechos…”. Antonio José de Sucre).

En conclusión

Esa Constitución vigente fue un traje a la medida construido por el militarismo, enemigo de la democracia, para dotar al nuevo caudillo, elegido por la gracia de la equivocación popular, de un instrumento de empoderamiento institucional que le facilitara la destrucción del orden republicano, para erigir sobre sus ruinas la versión petrolera del comunismo cubano que había sido el tardío sueño adolescente de hombres seducidos por el “loco” Fidel.

Por ello, es imperativo derogar – no reformar – esa Constitución ilegítima – aunque la haya votado el pueblo o precisamente por ello – si en verdad queremos iniciar un proceso de modernización institucional democrática que enrumbe a Venezuela por el sendero del progreso por el desarrollo de su gente, con libertad y justicia y con la paz social derivada de la equidad y el entendimiento.

Rafael Marrón González
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5 de septiembre de 2011

“APÁTRIDA” VERSIÓN CHÁVEZ

Una de las maravillas del universo paralelo a la realidad edificado por Chávez, con los dólares del imperio, del cual es sumiso y devoto servidor de barriles, es que ha generado – así como su propia matemática - su propio diccionario.

Por ello, para entender sus discursos hay que desentrañar su etimología, por aquello de “donde digo Digo, no digo Digo sino Diego”, pues, además, una de sus características es que el significado aplica dependiendo del destinatario – lo mismo que las leyes que se sancionan personalizadas y se aplican con algebraica desigualdad - y así, por ejemplo, la voz “patria”, que en el lenguaje universal tiene el significado implícito de “tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”, en el novísimo lenguaje chavista adquiere la etimología de “con Chávez todo, sin Chávez nada”. Así que cuando Chávez dice “patria” debemos entender “yo soy el camino, la verdad y la vida”.

Por lo tanto, “patriota” es violento “franelita colorá”, es decir seguidor ciego de quien tiene el poder sobre la vida en un refugio, miles de toneladas de comida podrida, el ascenso a general en jefe, la separación del cargo pródigo para ser destinado a una embajada y la muerte a manos de un hampón. Y “apátrida”, que para todos los humanos del sistema solar significa “sin nacionalidad”, para Chávez traduce “antipatriota”, lo que entonces, adquiere, por vaya usted a saber que perverso mecanismo de ilusionismo colectivo, el significado religioso de “apestoso apóstata del Elegido”.

Sin embargo, y a pesar de todo el poder conferido por la ignorancia y la incondicionalidad por la impunidad, como a este supremo hacedor de entuertos, el anatema “traidor a la patria” le queda como pedrada en ojo de boticario, sospecho que este juego de confusiones es la sombra del miedo que trata de alejar la culpa proyectando las obvias consecuencias de sus actos contra la nación, hacia todo quien se atreva a contradecir su sacra voluntad de imponer a plan de machete con filo la igualdad comunista, que es la disolución de la individualidad creativa y transformadora en el miasma chapoteante de la sumisión por la supervivencia, en el cual no ascienden los aptos sino las almas viles y donde el parasitismo social se siente tan cómodo como lechón haciendo cola en Navidad.

Un ejemplo de cómo cunde entre sus incondicionales su lenguaje de perolito fue la reacción de Rodrigo Cabezas descalificando a la oposición como “apátrida” y acusándola de tener posiciones “antinacionales”, por lo ocurrido en la residencia del embajador de Venezuela en Libia, cuando el planeta sabe que Chávez es el responsable de ese acto de represalia, que no fue contra la Embajada – que es territorio de la nación venezolana - que fue resguardada por los rebeldes, sino directamente contra Chávez por salir a defender a ese astroso criminal cuya dictadura lleva 42 años de opresión, crímenes horrendos y corrupción, en franca provocación a las fuerzas de oposición libias que, ya de juris, constituyen las nuevas autoridades de esa nación, reconocidas por todas los estados del Orbe, menos los cuatro gatos del ALBA, Correa y el grupo La Piedrita.

Hablemos de traicionar

El COP militar establece, en su artículo 464 como traición a la patria: “Practicar actos de hostilidad contra un país extranjero que expongan a Venezuela a peligro de guerra, ruptura de relaciones diplomáticas, represalias o retorsión”. Este artículo condena a 30 años de cárcel a quien incurra en actos como llamar “gringos de mierda” a los habitantes de un país amigo. Pero más allá de lo contemplado en la legislación militar, actos como financiar, con el dinero de la nación, costosos programas sociales a países extranjeros para solucionar problemas cuya existencia interna afectan el cuerpo social de la república, podemos considerarlos como lesivos a los intereses nacionales, pues el artículo 130 de la Constitución establece el deber de los venezolanos de resguardar y proteger los intereses de la Nación.

Cohonestar la invasión subrepticia de milicianos extranjeros, adiestrados para el combate armado, y entregarles delicadas responsabilidades en materia de seguridad de Estado y de control ciudadano, puede, también, ser calificado como traición a la patria, por mucho que se justifique con el internacionalismo de la solidaridad. Y así, la división de los venezolanos en fracciones irreconciliables para mantener en vilo la posibilidad de una guerra civil.

Incentivar la pérdida de la moral pública, generando un clima propicio a la corrupción y a la delincuencia, ambas protegidas con la impunidad. La destrucción sistemática del aparato productivo nacional privado, que ocasiona desempleo, pues el artículo 112 de la Carta Magna ordena al Estado promover la iniciativa privada y el 87 establece que “es fin del Estado fomentar el empleo”. La precarización del área agroalimentaria, basada en absurdos criterios antilatifundistas medievales, porque la Constitución en su artículo 305 ordena al Estado promover la agricultura “sustentable” a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, y precario conuco comunista no puede considerarse desarrollo sustentable.

La inobservancia de este artículo de la Constitución ha derivado en una ruinosa importación de alimentos que enriquece agroindustriales extranjeros. La nefasta política económica comunista que ha producido inflación, escasez, aumento exponencial de la deuda, fuga de cerebros y de empresas, desinversión nacional y extranjera, venta a futuro de la producción petrolera y minera y mercado negro de divisas. En fin, con esta, limitada por el espacio, muestra de acciones gubernamentales en contra del interés nacional, podemos inferir donde está certeramente ubicada la verruga antinacionalista y “apátrida”. ¡Sale pa´llá!

Rafael Marrón González
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