A pesar de la calma chicha que se respira en el ambiente político nacional, aunque aderezado con las intemperancias malandréricas, seguidas de desmayos y pérdidas de las facultades vocales, del primer y más costoso enfermo nacional, candidato mediático del chavismo – para ocultar sondas y bombonas de oxigeno - y las salidas de tono de su nómina mayor de adulantes de todo rango y pelambre, que evidencian su inmensa preocupación.
La realidad soterrada nos muestra una delicada situación política que trasciende lo anecdótico de un presidente moribundo y una corte de corruptos asustados, tal el cruce de ambiciones personales, intereses económicos - derivados del ejercicio inescrupuloso del poder impune - y sudores fríos ante la certera amenazada de los halcones del Pentágono sobre la ruta no precisamente de la empanada, que ha desatado una desesperación que puede llevar a dar una patada a la mesa electoral y pacífica y sumergir al país en el espanto de una crisis que puede fácilmente desembocar en una guerra civil, provocada por la acción incontrolada de fanáticos debidamente estimulados por la infinita corrupción que permea todos los estratos del gobierno confundido con el Estado, dentro de la más infame perversión que se haya escenificado en el ambiento político latinoamericano.
Por ello es sumamente necesaria la lucidez y coherencia del universo opositor oficial, que debe asumir desde ya – nunca es tarde - una posición patriótica, tomando las calles de Venezuela, tal el tamaño del compromiso moral del momento, despojada de todo interés personal - la patria primero - provista de un discurso literal, sincero y eficaz, alertista y digerible, que denuncie cada respiro antidemocrático del gobierno, y que puerta por puerta lleve un mensaje claro y conciso que devuelva a los venezolanos la fe en la democracia y sus instituciones.
Así como fue capaz la Mesa de la Unidad Democrática, por encima de los intereses legítimos de los partidos políticos, de parir una tarjeta “sale pa´llá” (unitaria) que convoca el voto de esos 4 de cada 10 ciudadanos no alineados que desconfían de tirios y troyanos, es necesaria una estrategia cívica – la del chavismo es militarista y miliciana – que informe debidamente cual será el proceso que seguirá el nuevo gobierno para desmontar la urdimbre totalitaria que empobrece al pueblo y confisca sus derechos y libertades.
Por eso, creo que se debe comenzar a pensar en un Congreso Constituyente que, disolviendo los poderes constituidos - que han traicionado su compromiso constitucional para poner las instituciones democráticas a su cargo al servicio de un proyecto político antinacional - produzca una Carta Magna digna de la nueva era que comenzará con la derrota del último exponente de las perversiones que derivaron este interregno fatídico que, si no es por la férrea oposición de un importante sector de la población, da al traste con la república, convirtiéndola en un proveedor financiero del comunismo internacional, como era – y sigue sendo - el proyecto del sortario Fidel Castro, que ya en el ocaso de su vida y derrotada por Rómulo Betancourt su revolución criminal, cuando estaba prácticamente claudicando por hambre ante el imperio, le cayó del cielo del que abomina, este imberbe cerebral alucinado por la leyenda.
Principios fundamentales
Ese Congreso Constituyente debe estar integrado por constitucionalistas, capaces de sancionar el articulado sin vacíos de interpretación ni conceptuales, como los que afectan en demasía la vigente Constitución – como el artículo 1 que fundamenta la República “en la doctrina de Simón Bolívar”, ¿cual doctrina? La de la Guerra a Muerte o la del constituyente dictador de Bolivia o la del que ahorcó a Vinoni sin fórmula de juicio? Esa Asamblea Constituyente folclórica osó crear una Sala Constitucional en el TSJ dotada de facultad de “interprete” (deslizada en el art. 335) cuyas “interpretaciones” – que “casualmente” han sido siempre a favor del régimen- con atribuciones supraconstitucionales, que chocan con el capítulo referente a las normas para la enmienda y la reforma.
Sibilinamente, el TSJ, garante de la integridad de la Constitución (art.335), permitió que se corrigiera el texto constitucional votado por el pueblo, con la anuencia de la ignorancia política, supuestamente de oposición, que incluyó una simple coma en el inciso 3 del artículo 266, con relación a declarar si hay méritos para el enjuiciamiento de “oficiales generales” – así rezaba el texto original – pero que esa coma convirtió en “oficiales, generales…”, con lo que quedó establecido constitucionalmente el carácter militarista de la Carta Magna, pues para enjuiciar a un oficial de cualquier jerarquía – por subalterna que sea – es necesario un antejuicio de mérito. Son serpientes entre los arbustos prestas a saltar en el momento preciso. Y son muchas.
Una más
Además de dedicar especial atención a todo lo concerniente al Tribunal Supremo de Justicia – sin justicia no hay libertad ni viceversa – analizando la posibilidad de la magistratura vitalicia – mérito académico, moral y ético mediante - y eliminar la adjetivación al nombre de Venezuela, y acabar con las alegres habilitaciones presidenciales, es necesario blindar todo lo concerniente a la propiedad privada con la inserción de causal “especialísima” para su afectación, eliminando del artículo garante todo posibilidad de confusión entre “utilidad pública” y “utilidad del gobierno”, que es otro ardid oculto en la ilegítima vigente. El camino para retomar el orden republicano pasa necesariamente por un Congreso Constituyente. No basta rezar.
Rafael Marrón González
La realidad soterrada nos muestra una delicada situación política que trasciende lo anecdótico de un presidente moribundo y una corte de corruptos asustados, tal el cruce de ambiciones personales, intereses económicos - derivados del ejercicio inescrupuloso del poder impune - y sudores fríos ante la certera amenazada de los halcones del Pentágono sobre la ruta no precisamente de la empanada, que ha desatado una desesperación que puede llevar a dar una patada a la mesa electoral y pacífica y sumergir al país en el espanto de una crisis que puede fácilmente desembocar en una guerra civil, provocada por la acción incontrolada de fanáticos debidamente estimulados por la infinita corrupción que permea todos los estratos del gobierno confundido con el Estado, dentro de la más infame perversión que se haya escenificado en el ambiento político latinoamericano.
Por ello es sumamente necesaria la lucidez y coherencia del universo opositor oficial, que debe asumir desde ya – nunca es tarde - una posición patriótica, tomando las calles de Venezuela, tal el tamaño del compromiso moral del momento, despojada de todo interés personal - la patria primero - provista de un discurso literal, sincero y eficaz, alertista y digerible, que denuncie cada respiro antidemocrático del gobierno, y que puerta por puerta lleve un mensaje claro y conciso que devuelva a los venezolanos la fe en la democracia y sus instituciones.
Así como fue capaz la Mesa de la Unidad Democrática, por encima de los intereses legítimos de los partidos políticos, de parir una tarjeta “sale pa´llá” (unitaria) que convoca el voto de esos 4 de cada 10 ciudadanos no alineados que desconfían de tirios y troyanos, es necesaria una estrategia cívica – la del chavismo es militarista y miliciana – que informe debidamente cual será el proceso que seguirá el nuevo gobierno para desmontar la urdimbre totalitaria que empobrece al pueblo y confisca sus derechos y libertades.
Por eso, creo que se debe comenzar a pensar en un Congreso Constituyente que, disolviendo los poderes constituidos - que han traicionado su compromiso constitucional para poner las instituciones democráticas a su cargo al servicio de un proyecto político antinacional - produzca una Carta Magna digna de la nueva era que comenzará con la derrota del último exponente de las perversiones que derivaron este interregno fatídico que, si no es por la férrea oposición de un importante sector de la población, da al traste con la república, convirtiéndola en un proveedor financiero del comunismo internacional, como era – y sigue sendo - el proyecto del sortario Fidel Castro, que ya en el ocaso de su vida y derrotada por Rómulo Betancourt su revolución criminal, cuando estaba prácticamente claudicando por hambre ante el imperio, le cayó del cielo del que abomina, este imberbe cerebral alucinado por la leyenda.
Principios fundamentales
Ese Congreso Constituyente debe estar integrado por constitucionalistas, capaces de sancionar el articulado sin vacíos de interpretación ni conceptuales, como los que afectan en demasía la vigente Constitución – como el artículo 1 que fundamenta la República “en la doctrina de Simón Bolívar”, ¿cual doctrina? La de la Guerra a Muerte o la del constituyente dictador de Bolivia o la del que ahorcó a Vinoni sin fórmula de juicio? Esa Asamblea Constituyente folclórica osó crear una Sala Constitucional en el TSJ dotada de facultad de “interprete” (deslizada en el art. 335) cuyas “interpretaciones” – que “casualmente” han sido siempre a favor del régimen- con atribuciones supraconstitucionales, que chocan con el capítulo referente a las normas para la enmienda y la reforma.
Sibilinamente, el TSJ, garante de la integridad de la Constitución (art.335), permitió que se corrigiera el texto constitucional votado por el pueblo, con la anuencia de la ignorancia política, supuestamente de oposición, que incluyó una simple coma en el inciso 3 del artículo 266, con relación a declarar si hay méritos para el enjuiciamiento de “oficiales generales” – así rezaba el texto original – pero que esa coma convirtió en “oficiales, generales…”, con lo que quedó establecido constitucionalmente el carácter militarista de la Carta Magna, pues para enjuiciar a un oficial de cualquier jerarquía – por subalterna que sea – es necesario un antejuicio de mérito. Son serpientes entre los arbustos prestas a saltar en el momento preciso. Y son muchas.
Una más
Además de dedicar especial atención a todo lo concerniente al Tribunal Supremo de Justicia – sin justicia no hay libertad ni viceversa – analizando la posibilidad de la magistratura vitalicia – mérito académico, moral y ético mediante - y eliminar la adjetivación al nombre de Venezuela, y acabar con las alegres habilitaciones presidenciales, es necesario blindar todo lo concerniente a la propiedad privada con la inserción de causal “especialísima” para su afectación, eliminando del artículo garante todo posibilidad de confusión entre “utilidad pública” y “utilidad del gobierno”, que es otro ardid oculto en la ilegítima vigente. El camino para retomar el orden republicano pasa necesariamente por un Congreso Constituyente. No basta rezar.
Rafael Marrón González
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