La única posibilidad que tiene un presidente democrático surgido de las urnas electorales de 2012, de iniciar un gobierno sistémico, basado en instituciones fuertes, que pueda desmotar la inmensa urdimbre de intereses creados, asqueroso nepotismo y fanatismos místicos, para llevar su período constitucional a feliz puerto – superando la inmensa ruina económica y productiva - es convocando un Congreso Constituyente que, a la vez que disuelva los poderes constituidos, dote a la Constitución de un articulado esencial que la blinde contra caprichos reeleccionistas - ¡No a la reelección! - y antirrepublicanos, y la despioje de las trampas que han hecho posible la megalomanía de Chávez, debidamente camufladas tras las bambalinas del articulado sobre los derechos humanos, que estaban protegidos también en la Constitución de 1961.
Este Congreso Constituyente no debe tener carácter de “refundador de la República”, puesto que ella fue fundada de una manera heroica e histórica con el Acta de la Independencia surgida del Congreso de 1811, primera fe de vida de una nación libre en América Latina, y que en puridad jurídica fue su primera Constitución y de ella derivan todas las demás.
Luego del desencadenamiento de los sucesos producidos por la codicia desatada por el golpismo electoralmente triunfante, la Corte Suprema de aquella hora infeliz de la patria no tuvo el coraje de defender ese principio constitutivo, y prefirió dejarse arrastrar por los acontecimientos, tal cual los cobardes de la burocracia de la IV, que se pasaron al enemigo con fortunas y malasmañas sin disparar un quejido por la democracia que los cobijó en su seno alcahueta y les permitió batir el barrial donde hoy se empantana la nación.
Tampoco debe tener la prisa conveniente de la pasada Asamblea que, para complacer el vedetismo político del momento, redactó una Carta sietemesina, llena de imprecisiones, vaguedades y vacíos – con una serie de disposiciones “transitorias” que jamás fueron cumplidas - que abrieron la posibilidad a la interpretación interesada del poder ejecutivo que colocó bajo su férula revolucionaria la Sala Constitucional que asumió la facultad de reformarla, en contra de sus propias normas, como fue el caso del artículo 73 del referendo.
Es imperativo que la nueva Ley Suprema de la República elimine el fuero de los militares para deliberar y para ejercer cargos de la función pública reservados a los civiles – “los militares no tienen que meterse sino en el ministerio de sus armas y guarecer las fronteras” - así como su obligación de “asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes”. Y, por encima de todo, y como materia de supervivencia del orden republicano, eliminar la facultad que confiere al presidente de la república el poder omnímodo de ascender oficiales superiores, con lo que se colocó al ejército en sus manos y confirió jerarquía militar activa al ejercicio civil de Comandante en Jefe, que sabiamente colocaba al estamento militar bajo las directrices del poder civil – no existe tal poder militar, los poderes públicos están señalados en la Constitución.
Por ello la figura de la bicameralidad debe restituirse, con un Senado que, entre otras atribuciones de carácter orgánico, defienda las regiones y sea responsable de los ascensos militares desde coroneles y capitanes de navío, además de autorizar los tratados internacionales, por lo que el Procurador debe ser designado por esta Cámara, para descartar aberraciones como esta, de Carlos Escarrá: “Para ser Procurador se debe ser leal al presidente y yo los soy”.
No más “Bolivariana”
Una de las atrocidades políticas cometidas por esta disolución de nuestro orden republicano, que debe ser corregida, fue la adjetivación del nombre de Venezuela con el apelativo matrimonial de “Bolivariana”, que para muchos ignaros de la historia era un homenaje al pensamiento del Libertador y así lo recoge la exposición de motivos.
Sin embargo, ese fue el comienzo de la legitimación de las decisiones antidemocráticas de Chávez, porque el Bolívar político del paradigma chavista no es el del Discurso de Angostura, como hipócritamente se hace creer, sino el del Congreso de Bolivia que preconizaba: Centralismo (“la descentralización es un concepto imperialista”), presidencialismo (“Chávez es un sol…”, Carlos Escarrá), poder ejecutivo fuerte (“la división de poderes debilita al Estado”, Luisa Estela Morales), la presidencia vitalicia con derecho a elegir sucesor (después del cáncer, Adán Chávez presidente), la vicepresidencia hereditaria y elecciones limitadas, todo sustentado con un poderoso partido militar (“El partido militar ...apoderándose del mando en todas partes, hacia gemir al ciudadano por un absoluto olvido de las garantías y derechos…”. Antonio José de Sucre).
En conclusión
Esa Constitución vigente fue un traje a la medida construido por el militarismo, enemigo de la democracia, para dotar al nuevo caudillo, elegido por la gracia de la equivocación popular, de un instrumento de empoderamiento institucional que le facilitara la destrucción del orden republicano, para erigir sobre sus ruinas la versión petrolera del comunismo cubano que había sido el tardío sueño adolescente de hombres seducidos por el “loco” Fidel.
Por ello, es imperativo derogar – no reformar – esa Constitución ilegítima – aunque la haya votado el pueblo o precisamente por ello – si en verdad queremos iniciar un proceso de modernización institucional democrática que enrumbe a Venezuela por el sendero del progreso por el desarrollo de su gente, con libertad y justicia y con la paz social derivada de la equidad y el entendimiento.
Rafael Marrón González
Este Congreso Constituyente no debe tener carácter de “refundador de la República”, puesto que ella fue fundada de una manera heroica e histórica con el Acta de la Independencia surgida del Congreso de 1811, primera fe de vida de una nación libre en América Latina, y que en puridad jurídica fue su primera Constitución y de ella derivan todas las demás.
Luego del desencadenamiento de los sucesos producidos por la codicia desatada por el golpismo electoralmente triunfante, la Corte Suprema de aquella hora infeliz de la patria no tuvo el coraje de defender ese principio constitutivo, y prefirió dejarse arrastrar por los acontecimientos, tal cual los cobardes de la burocracia de la IV, que se pasaron al enemigo con fortunas y malasmañas sin disparar un quejido por la democracia que los cobijó en su seno alcahueta y les permitió batir el barrial donde hoy se empantana la nación.
Tampoco debe tener la prisa conveniente de la pasada Asamblea que, para complacer el vedetismo político del momento, redactó una Carta sietemesina, llena de imprecisiones, vaguedades y vacíos – con una serie de disposiciones “transitorias” que jamás fueron cumplidas - que abrieron la posibilidad a la interpretación interesada del poder ejecutivo que colocó bajo su férula revolucionaria la Sala Constitucional que asumió la facultad de reformarla, en contra de sus propias normas, como fue el caso del artículo 73 del referendo.
Es imperativo que la nueva Ley Suprema de la República elimine el fuero de los militares para deliberar y para ejercer cargos de la función pública reservados a los civiles – “los militares no tienen que meterse sino en el ministerio de sus armas y guarecer las fronteras” - así como su obligación de “asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes”. Y, por encima de todo, y como materia de supervivencia del orden republicano, eliminar la facultad que confiere al presidente de la república el poder omnímodo de ascender oficiales superiores, con lo que se colocó al ejército en sus manos y confirió jerarquía militar activa al ejercicio civil de Comandante en Jefe, que sabiamente colocaba al estamento militar bajo las directrices del poder civil – no existe tal poder militar, los poderes públicos están señalados en la Constitución.
Por ello la figura de la bicameralidad debe restituirse, con un Senado que, entre otras atribuciones de carácter orgánico, defienda las regiones y sea responsable de los ascensos militares desde coroneles y capitanes de navío, además de autorizar los tratados internacionales, por lo que el Procurador debe ser designado por esta Cámara, para descartar aberraciones como esta, de Carlos Escarrá: “Para ser Procurador se debe ser leal al presidente y yo los soy”.
No más “Bolivariana”
Una de las atrocidades políticas cometidas por esta disolución de nuestro orden republicano, que debe ser corregida, fue la adjetivación del nombre de Venezuela con el apelativo matrimonial de “Bolivariana”, que para muchos ignaros de la historia era un homenaje al pensamiento del Libertador y así lo recoge la exposición de motivos.
Sin embargo, ese fue el comienzo de la legitimación de las decisiones antidemocráticas de Chávez, porque el Bolívar político del paradigma chavista no es el del Discurso de Angostura, como hipócritamente se hace creer, sino el del Congreso de Bolivia que preconizaba: Centralismo (“la descentralización es un concepto imperialista”), presidencialismo (“Chávez es un sol…”, Carlos Escarrá), poder ejecutivo fuerte (“la división de poderes debilita al Estado”, Luisa Estela Morales), la presidencia vitalicia con derecho a elegir sucesor (después del cáncer, Adán Chávez presidente), la vicepresidencia hereditaria y elecciones limitadas, todo sustentado con un poderoso partido militar (“El partido militar ...apoderándose del mando en todas partes, hacia gemir al ciudadano por un absoluto olvido de las garantías y derechos…”. Antonio José de Sucre).
En conclusión
Esa Constitución vigente fue un traje a la medida construido por el militarismo, enemigo de la democracia, para dotar al nuevo caudillo, elegido por la gracia de la equivocación popular, de un instrumento de empoderamiento institucional que le facilitara la destrucción del orden republicano, para erigir sobre sus ruinas la versión petrolera del comunismo cubano que había sido el tardío sueño adolescente de hombres seducidos por el “loco” Fidel.
Por ello, es imperativo derogar – no reformar – esa Constitución ilegítima – aunque la haya votado el pueblo o precisamente por ello – si en verdad queremos iniciar un proceso de modernización institucional democrática que enrumbe a Venezuela por el sendero del progreso por el desarrollo de su gente, con libertad y justicia y con la paz social derivada de la equidad y el entendimiento.
Rafael Marrón González
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