Cuando denuncio al ladrón y al canalla sólo al canalla y al ladrón señalo

Cuando llamo ladrón al ladrón y canalla al canalla, sólo al ladrón y al canalla aludo. Ladrones y canallas suelen cobijarse bajo la pudibundez moral, la insulsa descalificación y las leyes dictadas ex profeso para acallar la voz tronante que los desnuda como canallas y ladrones. Nada me produce más satisfacción que contemplar los cadáveres insepultos de ladrones y canallas, aullando sus pútridas carnes las huellas de mi látigo, deambular ululantes en los muladares buscando un rincón para cavar sus tumbas con la sordidez de su moral deshilachada. ¡Silencio ladrones y canallas que, aunque los tiempos parecen favorecer a canallas y ladrones, este espacio es un reducto de la decencia y de la integridad!

17 de julio de 2009

¿Propiedad privada no será eliminada?

El problema de Chávez es que su discurso va a contrapelo con el patrón ideológico que lo sustenta, pero para develar sus intenciones – altaneramente confesas pero no creídas por la ingenuidad nacional - están sus deslenguados seguidores, como el diputado por Falcón, Ulises Daal, quien revela a El Universal: “La propiedad privada seguirá estando en la realidad por un largo trecho en la etapa de transición” - ¿qué artículo de la Constitución ampara esa transición?

Ese “trecho” del que habla el diputado presumo breve si consideramos la velocidad confiscatoria de Chávez - se llamará expropiación cuando cumpla con lo pautado en el artículo 115 de la Constitución - que refrendó la amenaza a la propiedad privada el 13 de abril de 2007: “La propiedad privada está condenada a desaparecer si no se subordina a la revolución” lo que Diosdado Cabello - ¿asustado? - se ha empeñado en desmentir.

Las evidencias sobre la materia apestan por lo viejo – más allá de la violenta confiscación de fincas y edificios y las compras hostiles de medios de producción, de servicios y bancos - como el engaño a humildes campesinos a quienes se ha entregado como “título” una inútil Carta Agraria que los despoja de la disposición y disfrute de la tierra igual que a los “felices propietarios” de las viviendas de una recién creada comuna a quienes Chávez advirtió que “no pueden venderlas”.

La capacidad de manipular y mentir de estos leguleyos del socialismo para justificar sus violaciones a la Constitución, es asombrosa – Carlos Escarrá cuando la campaña por la reforma derrotada, aseguraba “que en el artículo 2 de la Constitución – que reza “Venezuela se constituye en un Estado social….” – estaba declarado el socialismo”. Y el diputado citado responde al periodista que le refiere la inconstitucionalidad de su planteamiento, diciendo que “…en el artículo 112, relativo al reconocimiento del derecho que tienen las personas a la iniciativa privada, se establece que ésta debe tener un interés social”, y esto es absolutamente falso, pues el artículo 112 lo que garantiza es que “todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social”.

Manipular de esa manera la Constitución solamente puede tener fines perversos, y así el diputado revela los detalles de cómo Chávez fulminará mediante un aparato empresarial paralelo financiado por los ingentes recursos del gobierno, toda empresa privada en Venezuela: “Queremos estructurar todo un sistema económico que se debe poner en práctica, con empresas de propiedad social (lo que no existe en nuestra legislación) que deben competir con la economía capitalista, para que así el pueblo en la medida que vea cuál de los dos sistemas es el más eficiente, lo respalde”.

Y a la pregunta del periodista sobre la desproporción entre una empresa producto del trabajo de un ciudadano y otra respaldada por la inagotable chequera del Estado, el diputado responde con la dialéctica embustera del comunismo: “Entre un poderoso y los débiles, no se puede aplicar la justicia por igual” obviando que en este caso el poderoso es el gobierno que se abate contra el derecho fundamental que tenemos los débiles a la propiedad privada que es respaldada - según Hinterlaces en su encuesta del 1º de junio - por el 68% de los venezolanos – “quien no tiene quiere tener y quien tiene quiere tener más” – ubicando en 22% a la sinvergüenzura que nada quiere porque la propiedad privada genera responsabilidad y su sueño es holgazanear a expensas del gobierno como peón hasta del crimen.

Y, además, este sujeto calla que el dinero con el que Chávez va a crear tal diversidad de empresas de “propiedad social” – que es una ficción demagógica, porque la propiedad o es privada o es del Estado – cuyas pérdidas – como las de la Electricidad de Caracas - derivadas de la improductividad por la falta de estímulo, absorbe el gobierno - para destruir todo el aparato productivo privado, será extraído de los servicios públicos más sensibles como salud, educación y seguridad.

Con aguacates no salen batidos de fresa

Los comunistas – por una falencia neuronal descubierta recientemente por el estudio del cerebro de los fanáticos religiosos - no han logrado entender que sin productividad – traducida en rentabilidad por la responsabilidad del propietario – no es posible el desarrollo – lo que dedujo Trotsky en México luego de largos soliloquios - ni el bienestar real del pueblo – que se consolida con salarios éticos, convenciones y prestaciones que le generen estabilidad y movilidad social a sus trabajadores - y a pesar del descalabro histórico de todos los experimentos socialistas, la idiotez persiste en tratar de hacer batidos de fresa usando aguacates, porque creen que lo que ha estado equivocado es el sistema operativo – hasta ahora no se había hecho con la licuadora marca Chávez – cuando lo que no sirve es la fórmula: Sacrificar al individuo por el bienestar de la masa, mata de hambre a la masa. Nivelar al hombre por debajo - obviando el mérito como elemento ascensional - crea parasitismo social, fracaso y corrupción.

Destruir la propiedad privada sesga uno de los indicadores más importantes del progreso humano: La responsabilidad. La propiedad individual genera propietario responsable con el mejoramiento y crecimiento del bien, mientras que no puede existir la llamada propiedad colectiva o social porque sencillamente – en la práctica – lo que es de todos es de nadie y por lo tanto los verdaderos usufructuarios de la “propiedad del pueblo” son los burócratas del régimen.

La propiedad privada debe ser absoluta

La propiedad privada es un derecho fundamental en el mundo moderno – y un valor vital de la democracia - indefectiblemente unido al concepto político de libertad, en su definición de “no dependiente” o fuera del estado de servidumbre, es decir que la propiedad libera al hombre de su dependencia de un amo o del Estado – que es un sofisma en el comunismo - lo que genera un poderoso estímulo para la creatividad como ingrediente activo para la prosperidad general.

Y aquí, entonces, contrarío la tradición, porque considero que es hora de revisar la definición del término” absoluto”, como “lo que no tiene excepciones”, pues por su afectación a derechos como el de la vida, la propiedad y la libertad, es necesario ampliar hasta lo que debe obedecer a complejos procesos constitucionales y legales para poder ser revocado.

En el caso de la propiedad privada tiene como excepción única la utilidad pública o el interés general – por lo que no se considera absoluta en nuestra legislación - aunque para aplicar esta excepción el Estado tiene que cumplir con un mandato constitucional previo, que es poseer una sentencia firme de un tribunal - probando que no existe alternativa - y para lograr ésta debe tener aprobado el proyecto que afecta la propiedad, con su financiamiento presupuestado, y, después del pago justo y oportuno del bien, se ejecutará la expropiación.

Por lo tanto, como el gobierno no puede expropiar sin cumplir previamente con los requisitos señalados, la propiedad privada debe ser considerada absoluta - para impedir los abusos de gobiernos forajidos - tomando en cuenta que la Constitución establece que la expropiación procede solamente por “utilidad pública o interés general” es decir, para aquello que beneficie a toda el conjunto poblacional.

Un caso similar ocurre con el derecho a la vida, que es inviolable, es decir es un derecho absoluto, sin embargo por una “ficción jurídica” el estado reconoce “la defensa propia”, el “pánico insuperable”, el “estado de necesidad” y la “defensa de la familia o de la propiedad” como excepciones a la aplicación de la pena por homicidio, pero eso no altera la inviolabilidad constitucional de la vida.

En síntesis

La propiedad privada es, además de un derecho fundamental como la vida y la libertad, una justa aspiración del hombre libre y un elemento sustancial en la generación de progreso humano, por tanto es un deber ineludible de toda la ciudadanía, su defensa y preservación constitucional.

Rafael Marrón González
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11 de julio de 2009

¿Ejército institución de la democracia?

¿Es o no es el ejército una institución de la democracia?

Destaca - entre muchas - una interrogante - dado el entrampamiento de la lucidez entre el izquierdismo victimista – en sus distintos grados – y el liberalismo escaldado por la imagen negativa que se han encargado de empotrarle no pocos gorilas en el continente - con el asunto de la deposición de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras, por violación a la Constitución y a las leyes de la república para convocar – inminente referendo mediante - una asamblea constituyente financiada y diseñada por abundantes dólares, recursos y personal experto en manipulación electoral provenientes de la internacional fidelista para reformar artículos considerados “pétreos” por la propia Constitución, desacatando en tres oportunidades prohibiciones expresas del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema que tuvo finalmente que llamar al ejército para impedir la consulta ilegal y reducir al enardecido mandatario alzado contra la institucionalidad democrática. Por obviar esta pregunta que hoy nos hacemos, han sido muy pocas las voces internacionales que han encarado la realidad de Honduras desde una visión disidente con la definición del golpismo tradicional – los gringos sufren de atroz complejo de culpa - para gloria de Chávez y sus diligentes focas que ronronean detrás de sus monedas, como esa asociación vergonzosa de jefes de gobierno – cada cual más inmoral – en que ha devenido la OEA - que expulsó a Honduras – sin oír razones - mientras le extiende certificado de decencia al régimen cubano y practica el amor libre con Chávez a quien alcahuetea violaciones internas y – como Chacumbele - externas. Todas las opiniones – incluso las que consideran a Zelaya una amenaza para la democracia - comienzan con “una condena al golpe de estado” bajo la premisa fundamentalista de que “todo golpe debe ser condenado” per se – menos el del 4F que ha sido declarado monumento nacional – por lo tanto, según estas opiniones universales, en la restitución de Zelaya está la reposición del estado de derecho, cuando fue su destitución lo que lo repuso, porque todos en realidad están obcecados por catalogar como “golpista” toda intervención militar, así sea constitucional, lo que nos enfoca en la pregunta:
¿Son o no son las fuerzas armadas una institución de la democracia?
Esta pregunta es la que hay que dilucidar sin complejos, ante la temerosa visión que – contradictoriamente - las sigue considerando especie de tutelaje arbitrario que pende amenazante sobre la legalidad democrática, tanto por la rémora del pasado como por el caso venezolano –alcahueteado por la OEA – en el que, pivotado en la Fuerza Armada – que se manifiesta públicamente – en voz de sus más altos oficiales - como “socialista y totalmente comprometida con el avance del proceso revolucionario”, tomando como lema para sus cuarteles el “patria, socialismo o muerte. Venceremos” de Fidel Castro – un gobierno constitucional se ha transformado en “revolucionario y socialista” y cuyo presidente muta una dignidad civil - inherente a la presidencia - en grado militar – violando, entre otros, nada menos que los Principios Fundamentales y el artículo 328 de la Carta Magna, lo que constituye aquí y en Pekín un golpe de Estado, menos para Insulza que confiesa en privado la violación a la Carta Democrática que se niega a aplicar por codicia y cobardía.
Traición al espíritu del 23 de Enero
Y eso ha ocurrido porque la asamblea constituyente de 1999 – con minúsculas – eliminó la responsabilidad el ejército en la defensa de la Constitución, como lo establecía la de 1961 en su artículo 132: “Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizado por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”, pero la ignorancia supina de abundantes diputados folclóricos cuyas firmas en el texto constitucional son un insulto a la inteligencia – cayendo en la trampa urdida por Fidel Castro – consideraron que ese artículo confería carácter tutelar a las Fuerzas Armadas sobre el sistema democrático, obviando que su eliminación dejaba a la democracia a merced de los caprichos de la masa ignara y depauperada cuya voluntad expresada en votos irresponsables, sería inducida por dádivas populistas y falsos discursos justicialistas a alterar el sistema de libertades - conculcando leguleyamente derechos fundamentales - y a la supeditación del poder civil al militar, que no es ningún poder sino una institución del Estado civil. Pero lo sorprendente es que tanto en Bolivia como en Ecuador – que han realizado constituyentes para cambiar sus constituciones – también se ha suprimido esa responsabilidad de las Fuerzas Armadas contemplada en las anteriores, como la de Bolivia de 1967, que les ordenaba “… asegurar el imperio de la Constitución Política…”. Y la de Ecuador de 1998 que estipulaba: “… Tendrán como misión fundamental (…) la garantía de su ordenamiento jurídico” que fue lo que se le aplicó a Lucio Gutiérrez en el 2005 – expulsado a Brasil - sin que ni Chávez ni la OEA dijeran ni pío. Lo que nos evidencia que toda la trama constituyentista de los gobernantes atrapados por el porcinismo continuista del fidelismo se reduce a dos fundamentos: La reelección indefinida – que traduce la muerte de la democracia - y la eliminación de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la preservación del ordenamiento jurídico democrático – lo que le garantiza impunidad al proyecto comunista que se abate con el sistema operativo fidelista debidamente repotenciado con los petrodólares venezolanos - organizando desadaptados internos en supuestas organizaciones humanitarias como las casas del ALBA en Perú - sobre toda la América hispana, con el prurito antimilitar del izquierdismo bolsiclón de la OEA y de la ONU y de la UE brindándole protección jurídica.
Eso fue lo que se evitó en Honduras
Y es en este lugar preciso donde tenemos el quid de la cuestión: El ejército de Honduras - que tiene esa responsabilidad tipificada en el artículo 272 de la Constitución que reza: “Las Fuerzas Armadas de Honduras (…) se constituyen para defender (…) el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República” - cumplió cabalmente con su deber impuesto por este mandato – con el apoyo de toda la institucionalidad y mayoría de la sociedad hondureña - retando la idiotez del mundo que ante sus ojos permite el desmantelamiento sistemático de las democracias latinoamericanas y se escandaliza en tropel con la intervención militar apegada a derecho por considerarla “golpista” sin mayor análisis, lo que le produce a Fidel – un convencido del aporte de la idiotez para sus fines - una orgásmica felicidad. Es decir, que así como en la Constitución venezolana de 1961 y en las recientemente derogadas de Ecuador y Bolivia, en la de Honduras vigente, las Fuerzas Armadas están llamadas a velar por el respeto al orden constitucional, porque forman parte indivisible de la institucionalidad democrática de la nación, como también lo establece – y de allí la hipocresía de la señora Bachelet - la Constitución de Chile en su artículo 90: “Las fuerzas armadas garantizan el orden institucional de la República”. Y la de Brasil, en su artículo 142 – por eso la ambigüedad de Lula: “... Tienen como misión (…) la garantía de los poderes constitucionales…”. Esto significa, demócratas utópicos e izquierdistas asustados, que la democracia se defiende con soldados institucionales armados - no con la Conferencia Episcopal ni con el Cuerpo de Bomberos ni con inermes jueces de papelería a los que el malandraje comunista en el poder mandan muy largo al carajo – y esto aplica en el caso de militares felones como Chávez el 4F y el 27N–idem “Porteñazo”, “Carupanazo”, “Barcelonazo”-o con gobiernos civiles que intenten subvertir el orden constitucional mediante asambleas referendarias manipuladas por gobiernos extranjeros como fue el caso de Honduras, donde sucumbió el chavismo – que es el apodo del fidelismo en Venezuela. Y punto.
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1 de julio de 2009

Honduras como amuleto

He comentado en mi programa radial que el siglo XIX fue el siglo de las luces al popularizar el conocimiento, situación que generó poderosas revoluciones en Europa y América; el siglo XX fue el siglo de los portentos tecnológicos y científicos que llevaron al hombre al espacio sideral, y que este siglo XXI – en mísero contraste - había comenzado como el siglo de la idiotez, y no esperaba que mi afirmación – derivada de la simple contemplación del absurdo acontecer político global – fuera confirmada con tanta vehemencia como ha sucedido por la reacción ilógica y apresurada sobre la situación de Honduras, reacción visceral que tiene como voceros democráticos fundamentalistas nada menos que al dictador Raúl Castro – títere de Fidel que lleva 50 años oprimiendo brutalmente al pueblo cubano y que llega al colmo del cinismo al pedir para Honduras el bloqueo que repudia para su país – y al golpista reincidente Hugo Chávez que continúa arteramente cometiendo vejámenes a la constitución y al estado de derecho con el silencio de la estúpida hipocresía de la OEA - que “condena” a Honduras cuando la condena debe ser contra sí por inepta - y que ha logrado incorporar a su coro – por una insólita carencia de lucidez que devela desesperación por la coincidencia que segregue piedad al verdugo - a la oposición venezolana que ha salido desbocada - al compás del redoblante de Chávez - a calificar de “golpe de estado militar” a la deposición constitucional de Manuel Zelaya a pesar de la evidente ausencia de presencia militar en el nuevo gobierno que no lo preside una “junta cívico-militar” sino que fue designado para terminar el período el presidente del Congreso como lo estipula la Carta Magna, que el presidente designado ha confirmado llamar a elecciones para noviembre – las que ya Chávez ha declarado ilegítimas – aclarando que no se presentará como candidato y que todas las instituciones como la Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral, Congreso en pleno – salvo cuatro diputados -, Procuraduría, Fiscalía General – a cuyo pedimento se exilió a Zelaya y que está pidiendo ahora 20 años de prisión por sus delitos - partidos políticos, Iglesia, defensores de los derechos humanos, gremios económicos y el pueblo en su inmensa mayoría como lo ha demostrado con multitudinarias manifestaciones – que agradecen a Micheletti “haberlos salvado del yugo de Chávez” - contrastantes con el grupo infiltrado por mercenarios extranjeros que alteran el orden y a quienes se respeta su derecho a la protesta siempre que no apelen a la violencia que los define. Y además, obvian los líderes opositores de manera preocupante – por la inercia que produce el virulento desparpajo de Chávez cuyos ingentes recursos petroleros lo han convertido en el capataz de una manada de borregos cada cual más inmoral – que la Corte Suprema de Honduras declaró a las naciones del mundo que los tribunales competentes habían oficiado al alto mando militar para capturar al sedicioso que había insurgido contra la Constitución – y se usó al ejército porque Zelaya mantenía un cuerpo militar a cargo de su custodia y estaba apoyado por mercenarios - venezolanos y nicaragüenses - así que esa tarea tenía que cumplirla una fuerza superior no podía encomendarse al cuerpo de bomberos – y, además, el ejército cumplió su función de defender el estado de derecho como se lo exige el artículo 272 de su Constitución que fija dentro de sus responsabilidades “mantener (…) el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, responsabilidad que estaba señalada también en la Constitución venezolana de 1961 – cumpliendo con ese mandato supremo derrotaron la invasión castrocomunista y la felonía de Chávez el 4F y el 27N - lo que fue eliminado por la idiotez constituyente de aquella hora que fue incapaz de preservar el legado histórico de aquellos líderes que rescataron en 30 años de lucha, de las garras del oscurantismo militarista, la libertad y la democracia para las generaciones futuras.
Una lección para esta América amenazada
Todavía no ha percibido el mundo democrático – con contadas y aisladas excepciones - la inmensa importancia para el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones que tiene la decisión institucional de la pequeña, humilde y pobre república de Honduras – condición que exacerba la cuestionada valentía de Chávez que había comprado ya su soberanía a Zelaya por $624 millones – pues, funcionó en Honduras el rigor de la Constitución y la separación de poderes – lo que produce temblores en el verdadero hugorilismo continental - para impedir que un individuo electo por la legislación vigente, - prevalido de la mayoría circunstancial que lo llevó al poder y el soborno y seducción del pueblo menos informado y más dependiente del gobierno – realizara una moderna forma asamblearia llamada referendo - ilegal e inconstitucional en esa nación como en Venezuela para 1999 - y garantizado por la inescrupulosidad en el uso del dinero público – para reformar la Constitución y eternizarse en el poder mediante el desarrollo subsiguiente de toda una superestructura para el fraude electoral – incluyendo un partido comicial adscrito a la nómina del estado encargado del terrorismo y la exclusión - la persecución a los medios de comunicación y la criminalización de la disidencia, igual que Chávez, Correa y Evo. Pero a Zelaya se lo impidió el imperio de la Constitución que impide la reelección y penaliza con la inhabilitación por diez años a quien la proponga. Así que, señores de la oposición venezolana, en Honduras no hubo tal “golpe de estado” sino que se ha llevado a cabo de forma incruenta la primera actuación institucional preeminente de los poderes públicos – dentro del marco democrático y con la ley en la mano - contra un presidente alzado contra la Constitución y los poderes constituidos en la historia de América Latina, fue – repito - una restitución del Estado de Derecho vulnerado por un insurgente enloquecido – que no atendió a razones, jurídicas ni legislativas ni políticas ni éticas - por la codicia de mantenerse indefinidamente en el poder como le había garantizado Chávez si hacía lo que a él le había salido tan machete.
La fragilidad institucional se lo permitió a Chávez
Lo que ocurrió en Honduras no puede seguir analizándose desde la óptica del gorilismo tradicional: Hay que analizarlo desde “la perspectiva Chávez” que sin disparar un tiro derribó la institucionalidad democrática venezolana con la anuencia vil de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional – electo con más votos que los de Chávez - cuya cobardía – fortalecida por la auto disolución de los partidos políticos paralizados por el miedo y la culpa – avaló la ahistórica “refundación de la república” – concediendo a Chávez un período de gracia - y propugnó la convocatoria inconstitucional a un referendo para imponer una Asamblea Constituyente que tumultuariamente creó este caos que lleva casi once años en el poder demoliendo todo a su paso de dromedario – cuerpo grande, cerebro diminuto – usando los recursos de la democracia para destruirla con una constitucional – por ahora - pero ilegítima reelección indefinida. Por eso los demócratas cabales - que entendemos que las Fuerzas Armadas deben tener dentro de sus atribuciones ser el brazo ejecutor - en casos extremos - de las órdenes impartidas por la institucionalidad civil en defensa de la legalidad y el orden democrático –felicitamos a Honduras por esa soberbia actitud que devuelve la fe en la permanencia del sistema de libertades a nuestros pueblos amenazados por la barbarie comunista financiada por los petrodólares de Chávez – que encontró una alegre vía electoralista en la que se vota pero no se elige – diseñada por juristas izquierdistas españoles - para subvertir de facto – aunque con apariencia constitucional – el sistema político y económico de la nación, invocando la libre determinación que se niegan a reconocer al bravo pueblo de Honduras cuyo gentilicio asumo virtualmente como homenaje.
Nota
Mi solidaridad con Correo del Caroní ante la nueva arremetida del liberticida Francisco Rangel Gómez, tenaz enemigo de la democracia representada por la libertad de expresión y el sindicalismo independiente.
Rafael Marrón González
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