El problema de Chávez es que su discurso va a contrapelo con el patrón ideológico que lo sustenta, pero para develar sus intenciones – altaneramente confesas pero no creídas por la ingenuidad nacional - están sus deslenguados seguidores, como el diputado por Falcón, Ulises Daal, quien revela a El Universal: “La propiedad privada seguirá estando en la realidad por un largo trecho en la etapa de transición” - ¿qué artículo de la Constitución ampara esa transición?
Ese “trecho” del que habla el diputado presumo breve si consideramos la velocidad confiscatoria de Chávez - se llamará expropiación cuando cumpla con lo pautado en el artículo 115 de la Constitución - que refrendó la amenaza a la propiedad privada el 13 de abril de 2007: “La propiedad privada está condenada a desaparecer si no se subordina a la revolución” lo que Diosdado Cabello - ¿asustado? - se ha empeñado en desmentir.
Las evidencias sobre la materia apestan por lo viejo – más allá de la violenta confiscación de fincas y edificios y las compras hostiles de medios de producción, de servicios y bancos - como el engaño a humildes campesinos a quienes se ha entregado como “título” una inútil Carta Agraria que los despoja de la disposición y disfrute de la tierra igual que a los “felices propietarios” de las viviendas de una recién creada comuna a quienes Chávez advirtió que “no pueden venderlas”.
La capacidad de manipular y mentir de estos leguleyos del socialismo para justificar sus violaciones a la Constitución, es asombrosa – Carlos Escarrá cuando la campaña por la reforma derrotada, aseguraba “que en el artículo 2 de la Constitución – que reza “Venezuela se constituye en un Estado social….” – estaba declarado el socialismo”. Y el diputado citado responde al periodista que le refiere la inconstitucionalidad de su planteamiento, diciendo que “…en el artículo 112, relativo al reconocimiento del derecho que tienen las personas a la iniciativa privada, se establece que ésta debe tener un interés social”, y esto es absolutamente falso, pues el artículo 112 lo que garantiza es que “todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social”.
Manipular de esa manera la Constitución solamente puede tener fines perversos, y así el diputado revela los detalles de cómo Chávez fulminará mediante un aparato empresarial paralelo financiado por los ingentes recursos del gobierno, toda empresa privada en Venezuela: “Queremos estructurar todo un sistema económico que se debe poner en práctica, con empresas de propiedad social (lo que no existe en nuestra legislación) que deben competir con la economía capitalista, para que así el pueblo en la medida que vea cuál de los dos sistemas es el más eficiente, lo respalde”.
Y a la pregunta del periodista sobre la desproporción entre una empresa producto del trabajo de un ciudadano y otra respaldada por la inagotable chequera del Estado, el diputado responde con la dialéctica embustera del comunismo: “Entre un poderoso y los débiles, no se puede aplicar la justicia por igual” obviando que en este caso el poderoso es el gobierno que se abate contra el derecho fundamental que tenemos los débiles a la propiedad privada que es respaldada - según Hinterlaces en su encuesta del 1º de junio - por el 68% de los venezolanos – “quien no tiene quiere tener y quien tiene quiere tener más” – ubicando en 22% a la sinvergüenzura que nada quiere porque la propiedad privada genera responsabilidad y su sueño es holgazanear a expensas del gobierno como peón hasta del crimen.
Y, además, este sujeto calla que el dinero con el que Chávez va a crear tal diversidad de empresas de “propiedad social” – que es una ficción demagógica, porque la propiedad o es privada o es del Estado – cuyas pérdidas – como las de la Electricidad de Caracas - derivadas de la improductividad por la falta de estímulo, absorbe el gobierno - para destruir todo el aparato productivo privado, será extraído de los servicios públicos más sensibles como salud, educación y seguridad.
Con aguacates no salen batidos de fresa
Los comunistas – por una falencia neuronal descubierta recientemente por el estudio del cerebro de los fanáticos religiosos - no han logrado entender que sin productividad – traducida en rentabilidad por la responsabilidad del propietario – no es posible el desarrollo – lo que dedujo Trotsky en México luego de largos soliloquios - ni el bienestar real del pueblo – que se consolida con salarios éticos, convenciones y prestaciones que le generen estabilidad y movilidad social a sus trabajadores - y a pesar del descalabro histórico de todos los experimentos socialistas, la idiotez persiste en tratar de hacer batidos de fresa usando aguacates, porque creen que lo que ha estado equivocado es el sistema operativo – hasta ahora no se había hecho con la licuadora marca Chávez – cuando lo que no sirve es la fórmula: Sacrificar al individuo por el bienestar de la masa, mata de hambre a la masa. Nivelar al hombre por debajo - obviando el mérito como elemento ascensional - crea parasitismo social, fracaso y corrupción.
Destruir la propiedad privada sesga uno de los indicadores más importantes del progreso humano: La responsabilidad. La propiedad individual genera propietario responsable con el mejoramiento y crecimiento del bien, mientras que no puede existir la llamada propiedad colectiva o social porque sencillamente – en la práctica – lo que es de todos es de nadie y por lo tanto los verdaderos usufructuarios de la “propiedad del pueblo” son los burócratas del régimen.
La propiedad privada debe ser absoluta
La propiedad privada es un derecho fundamental en el mundo moderno – y un valor vital de la democracia - indefectiblemente unido al concepto político de libertad, en su definición de “no dependiente” o fuera del estado de servidumbre, es decir que la propiedad libera al hombre de su dependencia de un amo o del Estado – que es un sofisma en el comunismo - lo que genera un poderoso estímulo para la creatividad como ingrediente activo para la prosperidad general.
Y aquí, entonces, contrarío la tradición, porque considero que es hora de revisar la definición del término” absoluto”, como “lo que no tiene excepciones”, pues por su afectación a derechos como el de la vida, la propiedad y la libertad, es necesario ampliar hasta lo que debe obedecer a complejos procesos constitucionales y legales para poder ser revocado.
En el caso de la propiedad privada tiene como excepción única la utilidad pública o el interés general – por lo que no se considera absoluta en nuestra legislación - aunque para aplicar esta excepción el Estado tiene que cumplir con un mandato constitucional previo, que es poseer una sentencia firme de un tribunal - probando que no existe alternativa - y para lograr ésta debe tener aprobado el proyecto que afecta la propiedad, con su financiamiento presupuestado, y, después del pago justo y oportuno del bien, se ejecutará la expropiación.
Por lo tanto, como el gobierno no puede expropiar sin cumplir previamente con los requisitos señalados, la propiedad privada debe ser considerada absoluta - para impedir los abusos de gobiernos forajidos - tomando en cuenta que la Constitución establece que la expropiación procede solamente por “utilidad pública o interés general” es decir, para aquello que beneficie a toda el conjunto poblacional.
Un caso similar ocurre con el derecho a la vida, que es inviolable, es decir es un derecho absoluto, sin embargo por una “ficción jurídica” el estado reconoce “la defensa propia”, el “pánico insuperable”, el “estado de necesidad” y la “defensa de la familia o de la propiedad” como excepciones a la aplicación de la pena por homicidio, pero eso no altera la inviolabilidad constitucional de la vida.
En síntesis
La propiedad privada es, además de un derecho fundamental como la vida y la libertad, una justa aspiración del hombre libre y un elemento sustancial en la generación de progreso humano, por tanto es un deber ineludible de toda la ciudadanía, su defensa y preservación constitucional.
Rafael Marrón González
Ese “trecho” del que habla el diputado presumo breve si consideramos la velocidad confiscatoria de Chávez - se llamará expropiación cuando cumpla con lo pautado en el artículo 115 de la Constitución - que refrendó la amenaza a la propiedad privada el 13 de abril de 2007: “La propiedad privada está condenada a desaparecer si no se subordina a la revolución” lo que Diosdado Cabello - ¿asustado? - se ha empeñado en desmentir.
Las evidencias sobre la materia apestan por lo viejo – más allá de la violenta confiscación de fincas y edificios y las compras hostiles de medios de producción, de servicios y bancos - como el engaño a humildes campesinos a quienes se ha entregado como “título” una inútil Carta Agraria que los despoja de la disposición y disfrute de la tierra igual que a los “felices propietarios” de las viviendas de una recién creada comuna a quienes Chávez advirtió que “no pueden venderlas”.
La capacidad de manipular y mentir de estos leguleyos del socialismo para justificar sus violaciones a la Constitución, es asombrosa – Carlos Escarrá cuando la campaña por la reforma derrotada, aseguraba “que en el artículo 2 de la Constitución – que reza “Venezuela se constituye en un Estado social….” – estaba declarado el socialismo”. Y el diputado citado responde al periodista que le refiere la inconstitucionalidad de su planteamiento, diciendo que “…en el artículo 112, relativo al reconocimiento del derecho que tienen las personas a la iniciativa privada, se establece que ésta debe tener un interés social”, y esto es absolutamente falso, pues el artículo 112 lo que garantiza es que “todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social”.
Manipular de esa manera la Constitución solamente puede tener fines perversos, y así el diputado revela los detalles de cómo Chávez fulminará mediante un aparato empresarial paralelo financiado por los ingentes recursos del gobierno, toda empresa privada en Venezuela: “Queremos estructurar todo un sistema económico que se debe poner en práctica, con empresas de propiedad social (lo que no existe en nuestra legislación) que deben competir con la economía capitalista, para que así el pueblo en la medida que vea cuál de los dos sistemas es el más eficiente, lo respalde”.
Y a la pregunta del periodista sobre la desproporción entre una empresa producto del trabajo de un ciudadano y otra respaldada por la inagotable chequera del Estado, el diputado responde con la dialéctica embustera del comunismo: “Entre un poderoso y los débiles, no se puede aplicar la justicia por igual” obviando que en este caso el poderoso es el gobierno que se abate contra el derecho fundamental que tenemos los débiles a la propiedad privada que es respaldada - según Hinterlaces en su encuesta del 1º de junio - por el 68% de los venezolanos – “quien no tiene quiere tener y quien tiene quiere tener más” – ubicando en 22% a la sinvergüenzura que nada quiere porque la propiedad privada genera responsabilidad y su sueño es holgazanear a expensas del gobierno como peón hasta del crimen.
Y, además, este sujeto calla que el dinero con el que Chávez va a crear tal diversidad de empresas de “propiedad social” – que es una ficción demagógica, porque la propiedad o es privada o es del Estado – cuyas pérdidas – como las de la Electricidad de Caracas - derivadas de la improductividad por la falta de estímulo, absorbe el gobierno - para destruir todo el aparato productivo privado, será extraído de los servicios públicos más sensibles como salud, educación y seguridad.
Con aguacates no salen batidos de fresa
Los comunistas – por una falencia neuronal descubierta recientemente por el estudio del cerebro de los fanáticos religiosos - no han logrado entender que sin productividad – traducida en rentabilidad por la responsabilidad del propietario – no es posible el desarrollo – lo que dedujo Trotsky en México luego de largos soliloquios - ni el bienestar real del pueblo – que se consolida con salarios éticos, convenciones y prestaciones que le generen estabilidad y movilidad social a sus trabajadores - y a pesar del descalabro histórico de todos los experimentos socialistas, la idiotez persiste en tratar de hacer batidos de fresa usando aguacates, porque creen que lo que ha estado equivocado es el sistema operativo – hasta ahora no se había hecho con la licuadora marca Chávez – cuando lo que no sirve es la fórmula: Sacrificar al individuo por el bienestar de la masa, mata de hambre a la masa. Nivelar al hombre por debajo - obviando el mérito como elemento ascensional - crea parasitismo social, fracaso y corrupción.
Destruir la propiedad privada sesga uno de los indicadores más importantes del progreso humano: La responsabilidad. La propiedad individual genera propietario responsable con el mejoramiento y crecimiento del bien, mientras que no puede existir la llamada propiedad colectiva o social porque sencillamente – en la práctica – lo que es de todos es de nadie y por lo tanto los verdaderos usufructuarios de la “propiedad del pueblo” son los burócratas del régimen.
La propiedad privada debe ser absoluta
La propiedad privada es un derecho fundamental en el mundo moderno – y un valor vital de la democracia - indefectiblemente unido al concepto político de libertad, en su definición de “no dependiente” o fuera del estado de servidumbre, es decir que la propiedad libera al hombre de su dependencia de un amo o del Estado – que es un sofisma en el comunismo - lo que genera un poderoso estímulo para la creatividad como ingrediente activo para la prosperidad general.
Y aquí, entonces, contrarío la tradición, porque considero que es hora de revisar la definición del término” absoluto”, como “lo que no tiene excepciones”, pues por su afectación a derechos como el de la vida, la propiedad y la libertad, es necesario ampliar hasta lo que debe obedecer a complejos procesos constitucionales y legales para poder ser revocado.
En el caso de la propiedad privada tiene como excepción única la utilidad pública o el interés general – por lo que no se considera absoluta en nuestra legislación - aunque para aplicar esta excepción el Estado tiene que cumplir con un mandato constitucional previo, que es poseer una sentencia firme de un tribunal - probando que no existe alternativa - y para lograr ésta debe tener aprobado el proyecto que afecta la propiedad, con su financiamiento presupuestado, y, después del pago justo y oportuno del bien, se ejecutará la expropiación.
Por lo tanto, como el gobierno no puede expropiar sin cumplir previamente con los requisitos señalados, la propiedad privada debe ser considerada absoluta - para impedir los abusos de gobiernos forajidos - tomando en cuenta que la Constitución establece que la expropiación procede solamente por “utilidad pública o interés general” es decir, para aquello que beneficie a toda el conjunto poblacional.
Un caso similar ocurre con el derecho a la vida, que es inviolable, es decir es un derecho absoluto, sin embargo por una “ficción jurídica” el estado reconoce “la defensa propia”, el “pánico insuperable”, el “estado de necesidad” y la “defensa de la familia o de la propiedad” como excepciones a la aplicación de la pena por homicidio, pero eso no altera la inviolabilidad constitucional de la vida.
En síntesis
La propiedad privada es, además de un derecho fundamental como la vida y la libertad, una justa aspiración del hombre libre y un elemento sustancial en la generación de progreso humano, por tanto es un deber ineludible de toda la ciudadanía, su defensa y preservación constitucional.
Rafael Marrón González
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