¿Es o no es el ejército una institución de la democracia?
Destaca - entre muchas - una interrogante - dado el entrampamiento de la lucidez entre el izquierdismo victimista – en sus distintos grados – y el liberalismo escaldado por la imagen negativa que se han encargado de empotrarle no pocos gorilas en el continente - con el asunto de la deposición de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras, por violación a la Constitución y a las leyes de la república para convocar – inminente referendo mediante - una asamblea constituyente financiada y diseñada por abundantes dólares, recursos y personal experto en manipulación electoral provenientes de la internacional fidelista para reformar artículos considerados “pétreos” por la propia Constitución, desacatando en tres oportunidades prohibiciones expresas del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema que tuvo finalmente que llamar al ejército para impedir la consulta ilegal y reducir al enardecido mandatario alzado contra la institucionalidad democrática. Por obviar esta pregunta que hoy nos hacemos, han sido muy pocas las voces internacionales que han encarado la realidad de Honduras desde una visión disidente con la definición del golpismo tradicional – los gringos sufren de atroz complejo de culpa - para gloria de Chávez y sus diligentes focas que ronronean detrás de sus monedas, como esa asociación vergonzosa de jefes de gobierno – cada cual más inmoral – en que ha devenido la OEA - que expulsó a Honduras – sin oír razones - mientras le extiende certificado de decencia al régimen cubano y practica el amor libre con Chávez a quien alcahuetea violaciones internas y – como Chacumbele - externas. Todas las opiniones – incluso las que consideran a Zelaya una amenaza para la democracia - comienzan con “una condena al golpe de estado” bajo la premisa fundamentalista de que “todo golpe debe ser condenado” per se – menos el del 4F que ha sido declarado monumento nacional – por lo tanto, según estas opiniones universales, en la restitución de Zelaya está la reposición del estado de derecho, cuando fue su destitución lo que lo repuso, porque todos en realidad están obcecados por catalogar como “golpista” toda intervención militar, así sea constitucional, lo que nos enfoca en la pregunta:
¿Son o no son las fuerzas armadas una institución de la democracia?
Esta pregunta es la que hay que dilucidar sin complejos, ante la temerosa visión que – contradictoriamente - las sigue considerando especie de tutelaje arbitrario que pende amenazante sobre la legalidad democrática, tanto por la rémora del pasado como por el caso venezolano –alcahueteado por la OEA – en el que, pivotado en la Fuerza Armada – que se manifiesta públicamente – en voz de sus más altos oficiales - como “socialista y totalmente comprometida con el avance del proceso revolucionario”, tomando como lema para sus cuarteles el “patria, socialismo o muerte. Venceremos” de Fidel Castro – un gobierno constitucional se ha transformado en “revolucionario y socialista” y cuyo presidente muta una dignidad civil - inherente a la presidencia - en grado militar – violando, entre otros, nada menos que los Principios Fundamentales y el artículo 328 de la Carta Magna, lo que constituye aquí y en Pekín un golpe de Estado, menos para Insulza que confiesa en privado la violación a la Carta Democrática que se niega a aplicar por codicia y cobardía.
Traición al espíritu del 23 de Enero
Y eso ha ocurrido porque la asamblea constituyente de 1999 – con minúsculas – eliminó la responsabilidad el ejército en la defensa de la Constitución, como lo establecía la de 1961 en su artículo 132: “Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizado por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”, pero la ignorancia supina de abundantes diputados folclóricos cuyas firmas en el texto constitucional son un insulto a la inteligencia – cayendo en la trampa urdida por Fidel Castro – consideraron que ese artículo confería carácter tutelar a las Fuerzas Armadas sobre el sistema democrático, obviando que su eliminación dejaba a la democracia a merced de los caprichos de la masa ignara y depauperada cuya voluntad expresada en votos irresponsables, sería inducida por dádivas populistas y falsos discursos justicialistas a alterar el sistema de libertades - conculcando leguleyamente derechos fundamentales - y a la supeditación del poder civil al militar, que no es ningún poder sino una institución del Estado civil. Pero lo sorprendente es que tanto en Bolivia como en Ecuador – que han realizado constituyentes para cambiar sus constituciones – también se ha suprimido esa responsabilidad de las Fuerzas Armadas contemplada en las anteriores, como la de Bolivia de 1967, que les ordenaba “… asegurar el imperio de la Constitución Política…”. Y la de Ecuador de 1998 que estipulaba: “… Tendrán como misión fundamental (…) la garantía de su ordenamiento jurídico” que fue lo que se le aplicó a Lucio Gutiérrez en el 2005 – expulsado a Brasil - sin que ni Chávez ni la OEA dijeran ni pío. Lo que nos evidencia que toda la trama constituyentista de los gobernantes atrapados por el porcinismo continuista del fidelismo se reduce a dos fundamentos: La reelección indefinida – que traduce la muerte de la democracia - y la eliminación de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la preservación del ordenamiento jurídico democrático – lo que le garantiza impunidad al proyecto comunista que se abate con el sistema operativo fidelista debidamente repotenciado con los petrodólares venezolanos - organizando desadaptados internos en supuestas organizaciones humanitarias como las casas del ALBA en Perú - sobre toda la América hispana, con el prurito antimilitar del izquierdismo bolsiclón de la OEA y de la ONU y de la UE brindándole protección jurídica.
Eso fue lo que se evitó en Honduras
Y es en este lugar preciso donde tenemos el quid de la cuestión: El ejército de Honduras - que tiene esa responsabilidad tipificada en el artículo 272 de la Constitución que reza: “Las Fuerzas Armadas de Honduras (…) se constituyen para defender (…) el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República” - cumplió cabalmente con su deber impuesto por este mandato – con el apoyo de toda la institucionalidad y mayoría de la sociedad hondureña - retando la idiotez del mundo que ante sus ojos permite el desmantelamiento sistemático de las democracias latinoamericanas y se escandaliza en tropel con la intervención militar apegada a derecho por considerarla “golpista” sin mayor análisis, lo que le produce a Fidel – un convencido del aporte de la idiotez para sus fines - una orgásmica felicidad. Es decir, que así como en la Constitución venezolana de 1961 y en las recientemente derogadas de Ecuador y Bolivia, en la de Honduras vigente, las Fuerzas Armadas están llamadas a velar por el respeto al orden constitucional, porque forman parte indivisible de la institucionalidad democrática de la nación, como también lo establece – y de allí la hipocresía de la señora Bachelet - la Constitución de Chile en su artículo 90: “Las fuerzas armadas garantizan el orden institucional de la República”. Y la de Brasil, en su artículo 142 – por eso la ambigüedad de Lula: “... Tienen como misión (…) la garantía de los poderes constitucionales…”. Esto significa, demócratas utópicos e izquierdistas asustados, que la democracia se defiende con soldados institucionales armados - no con la Conferencia Episcopal ni con el Cuerpo de Bomberos ni con inermes jueces de papelería a los que el malandraje comunista en el poder mandan muy largo al carajo – y esto aplica en el caso de militares felones como Chávez el 4F y el 27N–idem “Porteñazo”, “Carupanazo”, “Barcelonazo”-o con gobiernos civiles que intenten subvertir el orden constitucional mediante asambleas referendarias manipuladas por gobiernos extranjeros como fue el caso de Honduras, donde sucumbió el chavismo – que es el apodo del fidelismo en Venezuela. Y punto.
Destaca - entre muchas - una interrogante - dado el entrampamiento de la lucidez entre el izquierdismo victimista – en sus distintos grados – y el liberalismo escaldado por la imagen negativa que se han encargado de empotrarle no pocos gorilas en el continente - con el asunto de la deposición de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras, por violación a la Constitución y a las leyes de la república para convocar – inminente referendo mediante - una asamblea constituyente financiada y diseñada por abundantes dólares, recursos y personal experto en manipulación electoral provenientes de la internacional fidelista para reformar artículos considerados “pétreos” por la propia Constitución, desacatando en tres oportunidades prohibiciones expresas del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema que tuvo finalmente que llamar al ejército para impedir la consulta ilegal y reducir al enardecido mandatario alzado contra la institucionalidad democrática. Por obviar esta pregunta que hoy nos hacemos, han sido muy pocas las voces internacionales que han encarado la realidad de Honduras desde una visión disidente con la definición del golpismo tradicional – los gringos sufren de atroz complejo de culpa - para gloria de Chávez y sus diligentes focas que ronronean detrás de sus monedas, como esa asociación vergonzosa de jefes de gobierno – cada cual más inmoral – en que ha devenido la OEA - que expulsó a Honduras – sin oír razones - mientras le extiende certificado de decencia al régimen cubano y practica el amor libre con Chávez a quien alcahuetea violaciones internas y – como Chacumbele - externas. Todas las opiniones – incluso las que consideran a Zelaya una amenaza para la democracia - comienzan con “una condena al golpe de estado” bajo la premisa fundamentalista de que “todo golpe debe ser condenado” per se – menos el del 4F que ha sido declarado monumento nacional – por lo tanto, según estas opiniones universales, en la restitución de Zelaya está la reposición del estado de derecho, cuando fue su destitución lo que lo repuso, porque todos en realidad están obcecados por catalogar como “golpista” toda intervención militar, así sea constitucional, lo que nos enfoca en la pregunta:
¿Son o no son las fuerzas armadas una institución de la democracia?
Esta pregunta es la que hay que dilucidar sin complejos, ante la temerosa visión que – contradictoriamente - las sigue considerando especie de tutelaje arbitrario que pende amenazante sobre la legalidad democrática, tanto por la rémora del pasado como por el caso venezolano –alcahueteado por la OEA – en el que, pivotado en la Fuerza Armada – que se manifiesta públicamente – en voz de sus más altos oficiales - como “socialista y totalmente comprometida con el avance del proceso revolucionario”, tomando como lema para sus cuarteles el “patria, socialismo o muerte. Venceremos” de Fidel Castro – un gobierno constitucional se ha transformado en “revolucionario y socialista” y cuyo presidente muta una dignidad civil - inherente a la presidencia - en grado militar – violando, entre otros, nada menos que los Principios Fundamentales y el artículo 328 de la Carta Magna, lo que constituye aquí y en Pekín un golpe de Estado, menos para Insulza que confiesa en privado la violación a la Carta Democrática que se niega a aplicar por codicia y cobardía.
Traición al espíritu del 23 de Enero
Y eso ha ocurrido porque la asamblea constituyente de 1999 – con minúsculas – eliminó la responsabilidad el ejército en la defensa de la Constitución, como lo establecía la de 1961 en su artículo 132: “Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizado por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”, pero la ignorancia supina de abundantes diputados folclóricos cuyas firmas en el texto constitucional son un insulto a la inteligencia – cayendo en la trampa urdida por Fidel Castro – consideraron que ese artículo confería carácter tutelar a las Fuerzas Armadas sobre el sistema democrático, obviando que su eliminación dejaba a la democracia a merced de los caprichos de la masa ignara y depauperada cuya voluntad expresada en votos irresponsables, sería inducida por dádivas populistas y falsos discursos justicialistas a alterar el sistema de libertades - conculcando leguleyamente derechos fundamentales - y a la supeditación del poder civil al militar, que no es ningún poder sino una institución del Estado civil. Pero lo sorprendente es que tanto en Bolivia como en Ecuador – que han realizado constituyentes para cambiar sus constituciones – también se ha suprimido esa responsabilidad de las Fuerzas Armadas contemplada en las anteriores, como la de Bolivia de 1967, que les ordenaba “… asegurar el imperio de la Constitución Política…”. Y la de Ecuador de 1998 que estipulaba: “… Tendrán como misión fundamental (…) la garantía de su ordenamiento jurídico” que fue lo que se le aplicó a Lucio Gutiérrez en el 2005 – expulsado a Brasil - sin que ni Chávez ni la OEA dijeran ni pío. Lo que nos evidencia que toda la trama constituyentista de los gobernantes atrapados por el porcinismo continuista del fidelismo se reduce a dos fundamentos: La reelección indefinida – que traduce la muerte de la democracia - y la eliminación de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la preservación del ordenamiento jurídico democrático – lo que le garantiza impunidad al proyecto comunista que se abate con el sistema operativo fidelista debidamente repotenciado con los petrodólares venezolanos - organizando desadaptados internos en supuestas organizaciones humanitarias como las casas del ALBA en Perú - sobre toda la América hispana, con el prurito antimilitar del izquierdismo bolsiclón de la OEA y de la ONU y de la UE brindándole protección jurídica.
Eso fue lo que se evitó en Honduras
Y es en este lugar preciso donde tenemos el quid de la cuestión: El ejército de Honduras - que tiene esa responsabilidad tipificada en el artículo 272 de la Constitución que reza: “Las Fuerzas Armadas de Honduras (…) se constituyen para defender (…) el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República” - cumplió cabalmente con su deber impuesto por este mandato – con el apoyo de toda la institucionalidad y mayoría de la sociedad hondureña - retando la idiotez del mundo que ante sus ojos permite el desmantelamiento sistemático de las democracias latinoamericanas y se escandaliza en tropel con la intervención militar apegada a derecho por considerarla “golpista” sin mayor análisis, lo que le produce a Fidel – un convencido del aporte de la idiotez para sus fines - una orgásmica felicidad. Es decir, que así como en la Constitución venezolana de 1961 y en las recientemente derogadas de Ecuador y Bolivia, en la de Honduras vigente, las Fuerzas Armadas están llamadas a velar por el respeto al orden constitucional, porque forman parte indivisible de la institucionalidad democrática de la nación, como también lo establece – y de allí la hipocresía de la señora Bachelet - la Constitución de Chile en su artículo 90: “Las fuerzas armadas garantizan el orden institucional de la República”. Y la de Brasil, en su artículo 142 – por eso la ambigüedad de Lula: “... Tienen como misión (…) la garantía de los poderes constitucionales…”. Esto significa, demócratas utópicos e izquierdistas asustados, que la democracia se defiende con soldados institucionales armados - no con la Conferencia Episcopal ni con el Cuerpo de Bomberos ni con inermes jueces de papelería a los que el malandraje comunista en el poder mandan muy largo al carajo – y esto aplica en el caso de militares felones como Chávez el 4F y el 27N–idem “Porteñazo”, “Carupanazo”, “Barcelonazo”-o con gobiernos civiles que intenten subvertir el orden constitucional mediante asambleas referendarias manipuladas por gobiernos extranjeros como fue el caso de Honduras, donde sucumbió el chavismo – que es el apodo del fidelismo en Venezuela. Y punto.
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