Ciudad Guayana es una ciudad que fue planificada
para el trabajo, aquí se venía a trabajar, a ganar el pan con el sudor,
la política no era asunto que nos incumbiera y los movimientos
sindicales defendían los derechos de los trabajadores sin considerar su
afinidad política con el gobierno de turno, las hemerotecas guardan
testimonios de aquella luchas en la cuales no faltaba la represión, pero
jamás se usó la fuerza de los trabajadores para secuestrar la
ciudad como ha acontecido en estos tiempos de pérdida de la moral
pública y de ruptura del pacto social que permite la
convivialidad pacífica por el ejercicio del estado de derechos.
El último
de estos secuestros inciviles acaba de ocurrir el pasado miércoles primero de agosto.
Durante todo el día y hasta la madrugada del jueves fue violado el
derecho constitucional al libre tránsito con un cierre a la fuerza de la vía
nacional que conduce a la capital del estado Bolívar, lo que
viola también el artículo 33 de la nueva ley del trabajo, y que
contempla privación de libertad en el código penal, lo que pereciera
señalado exclusivamente para gente de la oposición, según se desprende de
la experiencia.
No niego que el reclamo sea legítimo ni que los
trabajadores tengan razón al reclamar el cumplimiento de una irresponsable
promesa presidencial de incorporar a la nómina fija al llamado personal
tercerizado – en lugar de abrir nuevas fuentes de trabajo mediante
el estímulo a la inversión nacional e internacional - que, de
cumplirse, terminará con cualquier posibilidad de recuperación de las
empresas básicas sobresaturadas de personal inoficioso – a Sidor,
que ya sobrepasa los doce mil trabajadores pretenden incorporarle 1.700
más - pero no les asiste por ello el derecho a alterar el orden
público ni a impedirle a la ciudadanía el disfrute de sus derechos
constitucionales inherentes a un estado democrático, social y de justicia.
Los
ciudadanos que tenían obligaciones ineludibles en la capital del
estado, se vieron en
la necesidad de abrir trochas por el monte para
evadir el furioso cierre de la vía, exponiendo sus vidas. La
Constitución en su artículo 334 obliga a todos los jueces de la República a
“asegurar la integridad de esta Constitución”, sin embargo el
silencio es la respuesta a la ciudadanía afectada en sus
derechos. Nada hay más despreciable que llamarse jefe para no serlo,
expresaba Bolívar con toda la razón del mundo.
La absoluta impunidad con
la cual se llevó a cabo este nuevo secuestro determina que ha sido
cometido por personas afines al gobierno cuyas acciones pretenden
exculpar a Hugo Chávez- el omnímodo – de su responsabilidad con el
incumplimiento de la palabra empeñada y señalar como culpables a uno pobres funcionarios
sin autoridad para tomar decisiones y carentes de
recursos financieros. Tontos útiles a quienes despedir cuando la papa
hierve.
El asunto de los tercerizados Chávez, en uso de su incansable demagogia
pobrecitista, llamó “tercerizados” a los trabajadores de las
contratistas que prestaban servicios especiales y en ciertas áreas
específicas, a las empresas del estado. Eso eliminó la mayoría de estas
contratistas cuyo personal eventual pasó a la nómina fija de estas empresas,
en la mayoría de los casos sin ocupación real, lo que colapsó los
servicios internos, como el suministro de alimentos, por ejemplo, porque la
demanda sorpresiva supera la capacidad instalada y no hay recursos
para compensarlo.
Esa discrecionalidad trajo como consecuencia que todo
quien era empleado por una contratista al servicio de estas empresas
estatales, se convertía automáticamente en “tercerizado”, es
decir en candidato para ingresar a la nómina fija de las empresas, lo que
ha generado las protestas que han lesionado los derechos de la
ciudadanía. Por ello en la nueva ley del trabajo se decidió definir lo que
es la tercerización y en su artículo 47 establece: “A los efectos de
esta ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometidos
por patronos en general, con el propósito de desvirtuar,
desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”. Y son los
trabajadores de estas empresas bajo fraude laboral, quienes deben ser
incorporados a las empresas contratantes, los cuales “gozarán de
inamovilidad laboral hasta tanto sean incorporados efectivamente a la
entidad de trabajo”. Y bajo la óptica de esta ley los trabajadores que
cerraron las vías para presionar al gobierno nacional, no están
tipificados como tercerizados.
En conclusión
Ciudad Guayana se ha convertido en un pueblo sin
ley – uno de los “dirigentes” llevados a Caracas a mediar con la
vicepresidencia fue un hombre acusado de participar en un triple
homicidio y que tiene prohibición de salir del estado - donde impera caos,
incertidumbre y miedo, a merced de los caprichos de las masas
alteradas, de la sorda lucha de poder intrachavista por los despojos del
naufragio; del prepotente sindicalismo oficialista, del abuso de
corruptos altaneros; del sicariato que impone su ley en los sindicatos
de la construcción, en los portones de las fábricas y en los ajustes
de cuentas, y del malandraje moño suelto que pauta toque de queda a
las siete de la noche so pena de la bolsa o la vida.
No hay
autoridad ni justicia y el gobierno se dedica a labores festivas y ni
siquiera recoge la basura. El costo de la vida y el desempleo, que superan la
media nacional, el deterioro de su infraestructura, la contaminación
ambiental y la quiebra técnica de las llamadas empresas básicas,
contribuyen a la zozobra que nos agobia. El tránsito estridente
refleja con su hostilidad y falta de cortesía y sentido común, el
ambiente general de la ciudad, considerada, gracias a la ineficiencia
de su gobernador, como una de las ciudades más peligrosas del mundo.
Si alguna ciudad del país puede considerarse ícono del desastre
gubernamental de Hugo Chávez, ella es Ciudad Guayana. Sale pa´llá.
Rafael Marrón González
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