Dígame usted si a Rómulo Betancourt se le hubiera ocurrido – un supuesto negado - el dislate de asegurar “las FAN son adecas”. Es un simple ejercicio para establecer la diferencia entre un estadista y un hombre de poder: Para aquel, la Fuerza Armada – depositaria de las armas – es decir de la violencia – de la República, es institucional y apolítica; para este, es un grupo de militantes armados – "participan 12.400 compatriotas revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas y están armados con material de guerra de alta tecnología” (obviando los 1.500 desadaptados en motos), especuló Alcalá Cordones en el desfile del 4F - que garantiza su permanencia en el poder por filiación partidista, aunque es mucho más grave, pues esto rebaja la entidad institucional militar a “montonera” decimonónica, cuando no había república ni Estado formal y el caudillo cargaba su capotera, sus mujeres y su ejército, que le servía de peonada en sus haciendas.
Ante esta provocadora posición – “duélale a quien le duela” – el universo democrático de América se pregunta bajo qué precepto jurídico el presidente de Venezuela desconoce el artículo 328 que – y sé que es llover sobre mojado – establece el principio de apoliticidad de la Fuerza Armada Nacional que se constituye como “una institución esencialmente profesional”, y el alto mando viola el 330 que, expresamente, les prohíbe a los militares activos “optar a cargo de elección popular (como es el caso de Mata Figueroa, un oficial en funciones lanzado como candidato a la gobernación de Margarita) y participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”, como vergonzosamente se escenificó en el desfile de celebración de un golpe de Estado – que, seguro estoy, ninguno de sus invitados reivindica en su fuero interno, pues idénticas razones a las invocadas hay para alzarse contra ellos - salvo que estemos frente a una división fundamentada en la arbitrariedad, pues la Constitución – que es la Ley suprema de la República – establece la existencia de una “Fuerza Armada Nacional” y para modificar o reformar este mandato supremo es necesario cumplir los requisitos en ella estipulados, por lo que inferimos que esa Fuerza Armada adjetivada Bolivariana es un apéndice político sin raigambre institucional, cuya existencia está supeditada a la supervivencia del caudillo, por lo que consideramos que nuestra Fuerza Armada Nacional, consustanciadas con los ideales democráticos de justicia y libertad, no comparten este dislate humillante que debe soportar estoicamente, y contribuirá decididamente al reconocimiento del cambio democrático que, por voluntad popular, asoma sus potencialidades este año 2012, poniendo fin a trece años de perversión pre política, sustentada en el dinero petrolero - usado para seducir al pueblo y atraer mendigos internacionales - y en el miedo a las bandas paramilitares al servicio del régimen.
Politizados son los ejércitos que sustentan tiranías
Esa declaración es propia de todos los totalitarismos de izquierda o de derecha, que son militaristas, pues sin ejército no hay comunismo ni castrismo ni pinochetismo y mucho menos chavismo: Eso de que “los tanques rusos garantizan la continuidad de la revolución bolivariana” – algún ingenuo pensó en su momento que era el pueblo – es una clásica confesión del subconsciente alterado por la pesadilla recurrente del pueblo obligándolo a voto limpio a entregar la banda presidencial a un o a una oponente que borrará de un plumazo la fulana revolución “pacífica pero armada”.
Una enloquecedora amenaza para un hombre que considera que su poder personal es la única alternativa para 30 millones de ciudadanos in saecula saeculorum - “sin mí la peste negra” - sin su magnificencia la noche eterna, y el terror a perder ese poder omnímodo es lo que lo ha llevado al paroxismo de pretender transfigurar un cargo de elección popular en una mesiánica misión militar, olvidando que el artículo 139 establece que “el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.
En conclusión
La exorbitante gestualidad militar y militarista que hemos observado en los últimos días, incluyendo “la reincorporación a la carrera militar en la Fuerza Armada Nacional a todos los oficiales, suboficiales y soldados involucrados en las rebeliones “Cívico” – Militares del 04 de febrero y 27 de noviembre, de 1992” - lo que coloca la presidencia de la República y de la Asamblea Nacional en manos de militares en ejercicio - aunado a la conversión de la comandancia suprema de la Fuerza Armada en un grado militar activo - nos demuestra que, definitivamente y burla burlando, Chávez ha colocado el poder civil – que es el único poder porque no existe tal “poder” militar - bajo el control de las armas – solo falta colocar un militar en la vicepresidencia, lo que seguramente hará - con todas las implicaciones que esta discrecionalidad lleve consigo.
Basta recordar las palabras del actual ministro de la defensa – y jefe del Plan República del 7 de octubre - que le valieron su ascenso a general en jefe por patear aquello de “estar al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”: “La Fuerza Armada – Bolivariana, se entiende - tiene lealtad completa hacia un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de país”. Más claro ni el gallo de Felizola.
Rafael Marrón González
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